La Corte dejó sin efecto una caducidad de instancia decretada contra un actor que estaba preso y sin curador

Qué pasó

En una demanda por daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito, los demandados acusaron la caducidad de instancia. La Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la sentencia de primera instancia que la había declarado: contó el plazo del art. 310, inc. 1, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación desde el último acto impulsorio, un escrito de la perito médica, hasta el pedido de caducidad.

El actor, que litigaba por derecho propio, había planteado que durante el período de inactividad estaba privado de su libertad por una condena penal. Sostuvo que el art. 12 del Código Penal, que lleva como inherente la inhabilitación absoluta para los condenados a prisión por más de tres años, suspendía el procedimiento, y que no se le había designado curador ni dado intervención al Defensor de Menores e Incapaces. La Cámara coincidió con la jueza de primera instancia en que esa circunstancia se informó recién al contestar el traslado de la caducidad, cuando el actor llevaba detenido desde el 30 de junio de 2017, y que su letrada patrocinante no había dicho nada antes.

La Corte Suprema, con la firma de los ministros Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, hizo lugar a la queja, declaró procedente el recurso extraordinario y dejó sin efecto la decisión. Consideró que la Cámara usó una fundamentación dogmática y no se pronunció sobre el alcance de la inhabilitación del art. 12 ni sobre sus efectos respecto de la actuación por derecho propio en una causa civil de contenido patrimonial. Ordenó que se dicte un nuevo pronunciamiento, con costas.

Conceptos jurídicos aplicados

Por qué es relevante

La Corte recordó que la caducidad de instancia y la capacidad de las personas recluidas son, en principio, cuestiones de derecho común ajenas al recurso extraordinario, pero que esa regla cede cuando la sentencia solo aparenta ser una derivación razonada del derecho vigente. Acá consideró insuficiente el argumento de la Cámara, porque no explicó por qué trasladar al actor el incumplimiento de su letrada cuando él actuaba por derecho propio, estaba privado de su libertad y no tenía curador.

El fallo subraya el carácter tuitivo del art. 12 del Código Penal: protege al condenado mientras dure su detención para evitar perjuicios en sus bienes y permitirle el ejercicio de acciones y defensas judiciales. Para la práctica, quien enfrenta una caducidad contra una parte condenada a prisión por más de tres años tiene un argumento federal para exigir que el tribunal analice esa protección y la falta de curador antes de computar el plazo.

La Corte no resolvió que la caducidad no operó ni fijó cómo se computan los plazos en estos casos: devolvió la causa para que el tribunal de origen dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo expresado.

Fuente: Diario Judicial — Expediente CIV 041610/2007/1/RH001. Esta nota es un resumen informativo elaborado por Nino Legal; no constituye asesoramiento legal. Cómo elaboramos las novedades.