La Corte Suprema dejó sin efecto el fallo de Casación y fijó que la investigación por la "mansión de Pilar", vinculada a dirigentes de la AFA, siga en Comodoro Py con Rafecas

La Corte Suprema revocó la sentencia de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal que había declarado competente al Juzgado Federal de Campana en la investigación por presunto lavado de activos y declaró competente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 3 porteño. Habló de una "prístina y grosera violación a las reglas de competencia" que afectó la garantía del juez natural.

Fecha19 de noviembre de 2026
TribunalCorte Suprema de Justicia de la Nación
MateriaPenal · Procesal Penal

Qué pasó

La causa se inició con una denuncia que atribuyó la compra de una quinta en Villa Rosa, partido de Pilar, a través de una sociedad, a personas sin capacidad económica suficiente para justificarla, y postuló un posible lavado de activos (art. 303 del Código Penal). Con el avance de la pesquisa, el objeto se amplió a un presunto entramado societario y financiero vinculado con la administración de recursos de la AFA y el desvío de fondos en su perjuicio. La investigación está en etapa preliminar.

La denuncia quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 3, que se declaró incompetente, y siguió una larga serie de contiendas entre ese fuero, el Penal Económico y el Juzgado Federal de Campana, al que la defensa acudió por inhibitoria por estar allí el inmueble. En su segunda intervención, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, con los votos de los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, declaró competente al Juzgado Federal de Campana. El fiscal general ante Casación, Mario Villar, interpuso recurso extraordinario y, ante su denegatoria, fue en queja.

El 19 de noviembre de 2026, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte hizo lugar a la queja, declaró admisible el recurso extraordinario, dejó sin efecto la sentencia de Casación y declaró competente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 3 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Daniel Rafecas, por ser la justicia federal que previno.

La Corte sostuvo que Casación definió la competencia solo por la ubicación del inmueble, cuando la quinta fue apenas el primer indicador patrimonial que motivó la denuncia y no abarca el objeto investigado. Señaló que la sociedad compradora tenía su sede en la Ciudad, que la escritura se firmó en un domicilio porteño, que la AFA tenía allí su sede y que allí se habrían adoptado los actos de administración de fondos y cometido los delitos precedentes. También reprochó que Casación omitiera tratar los argumentos del fiscal sobre la competencia territorial, y recordó que el 5 de noviembre ya había fijado en la Ciudad la competencia de otras dos causas sobre el manejo de fondos de la AFA.

Conceptos jurídicos aplicados

competencia territorialjuez naturallavado de activosartículo 303 del código penalsentencia equiparable a definitivaarbitrariedad de sentenciarecurso de quejaartículo 18 de la constitución nacional

Por qué es relevante

Las decisiones sobre competencia no son, por regla, sentencia definitiva a los fines del recurso extraordinario. La Corte reafirmó la excepción: son equiparables a definitivas cuando afectan de modo severo e inequívoco la garantía del juez natural (art. 18 de la Constitución Nacional) por una "prístina y grosera violación a las reglas de competencia" y un evidente apartamiento de las constancias de la causa, con cita de sus precedentes de Fallos: 330:4094, 342:278 y 345:440. Es la vía para llevar a la Corte una asignación de tribunal arbitraria sin esperar al final del proceso.

En lavado de activos, el fallo fija un criterio práctico: como el art. 303 reprime una pluralidad de conductas (convertir, transferir, administrar, gravar bienes), la competencia territorial no se determina por el lugar donde está uno de los bienes, sino por los distintos lugares donde se habrían desarrollado actos con relevancia típica, el domicilio de las sociedades y personas denunciadas, la sede de la administración y el lugar de celebración de los actos jurídicos importantes. Es un argumento útil para plantear o resistir una inhibitoria en causas con estructuras societarias.

Fuente: Diario Judicial — Expediente FSM 63507/2025/3/1/1/RH3. Esta nota es un resumen informativo elaborado por Nino Legal; no constituye asesoramiento legal. Cómo elaboramos las novedades.

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