Artículo 321 del Código Procesal Civil y Comercial de Córdoba
Retardo injustificado. El art. 321 del CPCC de Córdoba regula qué ocurre cuando una repartición pública, un escribano o una entidad privada no contesta a tiempo y sin causa justificada un pedido de informes.
Texto del artículo 321 del CPCC de Córdoba
Retardo injustificado
Artículo 321. Si el tribunal advirtiere que determinada repartición pública, sin causa justificada, no cumple el deber de contestar oportunamente los informes, deberá poner el hecho en conocimiento del Ministerio de Gobierno, a los efectos que corresponda, sin perjuicio de otras medidas a que hubiere lugar.
A los escribanos y entidades privadas que sin causa justificada no contestaren oportunamente, se les impondrá una multa a favor de la parte que ofreció la prueba, de hasta diez jus por cada día de retardo. La resolución que lo decida podrá ser impugnada por medio de los recursos previstos por este Código, debiendo tramitarse en expediente separado.
Texto oficial: Fiscalía de Estado de Córdoba, Dirección de Informática Jurídica. Ante cualquier diferencia, prevalece la publicación oficial.
Qué dice el art. 321 del CPCC
El art. 321 del CPCC de Córdoba lleva el epígrafe «Retardo injustificado» y forma parte de la sección «Informes». Su primer párrafo dispone que, si el tribunal advierte que determinada repartición pública, sin causa justificada, no cumple el deber de contestar oportunamente los informes, «deberá poner el hecho en conocimiento del Ministerio de Gobierno, a los efectos que corresponda». Esa comunicación procede «sin perjuicio de otras medidas a que hubiere lugar».
El segundo párrafo se dirige a los escribanos y entidades privadas que sin causa justificada no contestaren oportunamente. A ellos se les impondrá una multa a favor de la parte que ofreció la prueba, «de hasta diez jus por cada día de retardo». La resolución que lo decida podrá ser impugnada por medio de los recursos previstos por el Código, «debiendo tramitarse en expediente separado».
Según el art. 320, los informes deben ser contestados dentro del plazo de diez días, salvo que el tribunal determine otro, conforme a la naturaleza del juicio o a circunstancias especiales. Si por razones atendibles el requerimiento no puede cumplirse dentro del plazo fijado, el art. 320 exige solicitar al tribunal su ampliación antes del vencimiento, con indicación de las causas que la motivan. El art. 322 dispone que, cuando interviene letrado, apoderado o patrocinante, los pedidos de informes se requieren por oficios firmados, sellados y diligenciados por aquél, con transcripción de la resolución que los ordena y del art. 320. El mismo artículo agrega que debe consignarse, en su caso, «la prevención que establece el último párrafo del artículo anterior», es decir, del art. 321.
Cómo se aplica
La Sala Civil y Comercial del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba sostuvo en 2014 que la multa del art. 321 «no puede ser confundida con las astreintes, sino que constituye una sanción pecuniaria de índole procesal cuya finalidad principal es punir el incumplimiento injustificado de un mandato judicial», y que las notas que tipifican a las astreintes, como la provisionalidad, la aplicación a futuro y la no retroactividad, no están presentes en ella. La Cámara 5ª de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba revocó en 2015 una multa impuesta al Registro General de la Provincia «en los términos del art. 321 del C.P.C.C». Sostuvo que esa sanción «tiene funciones y requisitos distintos a los de la multa consagrada en el art. 666 bis del Cód. Civil». También dio la razón a la Provincia, que apelaba, en cuanto a que la persona pública debe recibir un tratamiento diferenciado por su calidad de tal, «pero sólo en lo relativo a la pena contenida en el código ritual, mas no así en las astreintes previstas en la ley de fondo». La Cámara 8ª de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba, al tratar en 2022 si pueden imponerse astreintes a las autoridades públicas, señaló que la cuestión «encuadra en el artículo 321 del CPC que otorga un tratamiento diferenciado a las entidades públicas, previendo expresamente las astreintes para “los escribanos y entidades privadas”». A diferencia de la Sala Civil y Comercial del Tribunal Superior de Justicia y de la Cámara 5ª, que distinguieron la multa del art. 321 de las astreintes, ese tribunal llamó astreintes a la multa del segundo párrafo.
La Sala Civil y Comercial del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba extrajo en 2014 del segundo párrafo del art. 321, interpretado con los arts. 320 y 322, los requisitos explícitos para aplicar la multa: la efectiva recepción del oficio por el requerido, la transcripción en el pedido de informes del art. 320 y del segundo párrafo del art. 321, el vencimiento del plazo de diez días o del dispuesto por el tribunal, y que no medie causa atendible que justifique la falta de contestación oportuna; como en el caso se cumplían todos, rechazó la casación contra la multa. El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Sala Laboral, revisó en 2017 una multa del art. 321 que la sala de la instancia anterior había convalidado contra una persona de existencia ideal que no respondió un pedido de informe. Sostuvo que el oficio no fue diligenciado en la forma legalmente establecida, porque no se envió al domicilio de la persona de existencia ideal oficiada ni se hizo con la transcripción del art. 320, «conforme lo exige la normativa procedimental -art. 322 ib.-». Agregó que se trata de «una sanción conminatoria y como tal destinada a superar la renuencia del requerido» y que, como el desistimiento de la acción y del derecho en el juicio principal se había homologado antes de la resolución impugnada, la informativa «perdió la importancia que justifique mantener la penalidad»; por eso dejó sin efecto la multa. La Cámara 4ª de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba, en 2007, calificó la segunda parte del art. 321 como «una sanción conminatoria al sujeto informante por la demora injustificada». Lo hizo al revisar la multa impuesta a un escribano cuyo primer oficio no transcribía el art. 320 ni el segundo párrafo del art. 321, y la dejó sin efecto porque los oficios «no se confeccionaron de manera adecuada –conforme a la ley–».
Sobre el cómputo, la Cámara 9ª de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba, al confirmar en 2012 la multa del art. 321 aplicada a quien no había cumplido un oficio de embargo, sostuvo que no puede haber sanción previa a la intimación bajo el apercibimiento de aplicarla. Según ese tribunal, la multa del segundo párrafo «sólo corre a partir del vencimiento del término otorgado para cumplir, bajo tal apercibimiento, y no desde que se presentó el oficio incumplido».
La Cámara 1ª de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba, al tratar en 2021 el agravio de que no se había aplicado la sanción a la sociedad que no brindó el informe requerido, señaló que, según el segundo párrafo del art. 321, «la solicitud de aplicación de la sanción prevista genera un incidente». En 2002, la Cámara 2ª de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba confirmó unas astreintes de 250 pesos diarios impuestas a una empresa que no informó ni acreditó las retenciones ordenadas en autos, y sostuvo que esa suma no podía ser tildada de absurda, injusta y arbitraria, entre otras razones porque era «apenas superior» al monto que el art. 321 prevé para sancionar a las empresas privadas que sin causa justificada omitieren responder oportunamente los pedidos de informes.
Fallos de Córdoba que citan el art. 321 del CPCC
En la base de jurisprudencia de Nino Legal, 23 fallos de la justicia de Córdoba citan este artículo. Estos son algunos, con el pasaje en el que lo citan:
MONTES ANDREA ADELINA C/ CASTILLO EDUARDO Y OTROS- ORDINARIO- DESPIDO
Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Sala Laboral · 2017
«se trata de una sanción conminatoria y como tal destinada a superar la renuencia del requerido. En ese contexto, habiéndose producido el desistimiento de la acción y del derecho por parte del interesado en el juicio principal, debidamente homologado por el Tribunal con anterioridad a la resolución impugnada (Sent. Nº 136/12), la informativa solicitada perdió la importancia que justifique mantener la penalidad en juego o solo la penalidad.»
PERALTA, CELSO BENITO C/ ROMERO, CARLOS ALBERTO MAURICIO Y OTRO – ORDINARIOS – OTROS – PRUEBA DE LA DEMANDADA – EXPTE. 2207628/36
Cámara 5ª de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba · 2015
«asiste razón a la quejosa en cuanto sostiene que la persona pública debe recibir un tratamiento diferenciado por su calidad de tal, pero sólo en lo relativo a la pena contenida en el código ritual, mas no así en las astreintes previstas en la ley de fondo»
BENAVIDEZ, CRISTIAN DARIO Y OTRO C/ JORGE, ESTELA MARIS - ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ.- ACCIDENTES DE TRANSITO
Cámara 8ª de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba · 2022
«tomando como base la normativa procesal local, cabe señalar que la cuestión encuadra en el artículo 321 del CPC que otorga un tratamiento diferenciado a las entidades públicas, previendo expresamente las astreintes para “los escribanos y entidades privadas”.»
ROMANUTTI Héctor Raúl c/Marcelo Jorge AGUIRRE PAZ – Ordinario
Cámara 2ª de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba · 2002
«la suma diaria condenada a pagar ($ 250. diarios) no puede ser tildada de absurda, injusta y arbitraria a poco que se repare que es apenas superior al monto previsto por el ordenamiento procesal local para sancionar a las empresas privadas que sin causa justificada omitieren responder oportunamente los pedidos de informes, multa que se fija en una suma de "hasta diez jus por cada día de retardo" (art. 321 C.P.C.).»
CUERPO DE APLICACIÓN DE MULTA OTRO RECURSO DIRECTO (CIVIL) BOBATTO, DIEGO OSCAR C/ MOINE, CARLOS ROBERTO Y OTROS –ORDINARIO- COBRO DE PESOS OTRO (B-19/13)
Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Sala Civil y Comercial · 2014
«las notas que tipifican a las “astreintes” (entre otras, la provisionalidad, la aplicación a futuro, la no retroactividad, etc.) no están presentes en la multa prevista por el art. 321 del CPCC.»
ORSI, JOSE ARMANDO C/ LIBERTAD S.A. – ORDINARIO - OTROS
Cámara 1ª de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba · 2021
«para evitar la suspensión de hecho del plazo probatorio, el Código prescribe que la impugnación que se deduzca tramite por cuerda separada. Esto implica que la ley no difiere la decisión sobre el pedido de aplicación de la multa al momento de dictar la resolución definitiva del proceso.»
Preguntas frecuentes
¿Se puede aplicar la multa del art. 321 a una repartición pública?
El art. 321 del CPCC de Córdoba prevé la multa de su segundo párrafo para los escribanos y entidades privadas. Para las reparticiones públicas, el primer párrafo dispone que el tribunal debe poner el hecho en conocimiento del Ministerio de Gobierno, sin perjuicio de otras medidas a que hubiere lugar. En 2015, la Cámara 5ª de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba revocó una multa del art. 321 impuesta al Registro General de la Provincia y mantuvo las astreintes que se le habían fijado, porque la persona pública debe recibir un tratamiento diferenciado «sólo en lo relativo a la pena contenida en el código ritual, mas no así en las astreintes previstas en la ley de fondo». En 2022, la Cámara 8ª de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba mantuvo, aunque las redujo a 5 jus, las astreintes impuestas a la Municipalidad de Córdoba por no contestar reiterados oficios de la prueba informativa.
¿De cuánto es la multa por no contestar un pedido de informes en Córdoba?
Para los escribanos y entidades privadas que sin causa justificada no contestaren oportunamente, el art. 321 del CPCC de Córdoba fija una multa de hasta diez jus por cada día de retardo. La multa es a favor de la parte que ofreció la prueba. En 2002, la Cámara 2ª de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba tomó ese monto como referencia para sostener que unas astreintes de 250 pesos diarios, impuestas a una empresa que no informó ni acreditó las retenciones ordenadas en autos, no podían ser tildadas de absurdas, injustas y arbitrarias.
¿Qué debe transcribir el oficio de pedido de informes?
Según el art. 322 del CPCC de Córdoba, cuando interviene letrado, apoderado o patrocinante, los oficios se libran con transcripción de la resolución que los ordena y del art. 320, y en su caso debe consignarse la prevención del último párrafo del art. 321. En 2017, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Sala Laboral, consideró que un oficio no fue diligenciado en la forma legalmente establecida porque no se envió al domicilio de la persona de existencia ideal oficiada ni transcribió el art. 320, como lo exige el art. 322. La Cámara 4ª de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba, en 2007, al revisar la multa impuesta a un escribano, repasó que el primer oficio no transcribía el art. 320 ni el segundo párrafo del art. 321, y la dejó sin efecto porque los oficios «no se confeccionaron de manera adecuada –conforme a la ley–». En 2014, la Sala Civil y Comercial del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba incluyó entre los requisitos explícitos para aplicar la multa la transcripción en el pedido de informes del art. 320 y del segundo párrafo del art. 321.
¿Desde cuándo corre la multa por no contestar un pedido de informes?
El art. 321 del CPCC de Córdoba fija la multa por cada día de retardo. En 2012, la Cámara 9ª de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba, en un caso de multa del art. 321 por no cumplir un oficio de embargo, sostuvo que no puede haber sanción previa a la intimación bajo el apercibimiento de aplicarla. Según ese fallo, la multa sólo corre a partir del vencimiento del término otorgado para cumplir bajo ese apercibimiento, y no desde que se presentó el oficio incumplido. En 2014, la Sala Civil y Comercial del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba convalidó una multa calculada desde el día siguiente al vencimiento del plazo de diez días hábiles del emplazamiento y rechazó que debiera correr desde que quedara firme la resolución que la fijara, porque la multa aplicada «es la conminación ex lege explicitada en los Oficios».
¿Cómo se recurre la resolución que impone la multa del art. 321?
El segundo párrafo del art. 321 del CPCC de Córdoba dispone que la resolución que decida la multa podrá ser impugnada por medio de los recursos previstos por el Código, «debiendo tramitarse en expediente separado». En 2021, la Cámara 1ª de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba señaló que, según esa norma, la solicitud de aplicación de la sanción genera un incidente y que, «para evitar la suspensión de hecho del plazo probatorio, el Código prescribe que la impugnación que se deduzca tramite por cuerda separada».
Las secciones «Qué dice», «Cómo se aplica» y «Preguntas frecuentes» fueron generadas con inteligencia artificial a partir del texto oficial del Código y de fallos de la base de jurisprudencia de Nino Legal. Pueden contener errores y no reemplazan la lectura de la norma ni el asesoramiento profesional.
El artículo 321 en el Código
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- RelacionadoArt. 317 — Procedencia
- RelacionadoArt. 319 — Negativa a responder
- RelacionadoArt. 323 — Gastos
- RelacionadoArt. 324 — Impugnación por falsedad
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