Artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de Córdoba
Atribuciones de los letrados patrocinantes. El art. 322 del CPCC de Córdoba regula los oficios de informes que firma, sella y diligencia el letrado, apoderado o patrocinante, y cómo se remiten y agregan al expediente las contestaciones.
Texto del artículo 322 del CPCC de Córdoba
Atribuciones de los letrados patrocinantes
Artículo 322. Cuando interviniere letrado, apoderado o patrocinante, los pedidos de informes, expedientes, copias autenticadas y certificados ordenados en el juicio serán requeridos por medio de oficios firmados, sellados y diligenciados por aquél, con transcripción de la resolución que los ordene y del art. 320. Deberá, en su caso, consignarse la prevención que establece el último párrafo del artículo anterior.
Deberá otorgarse recibo del pedido de informes y remitirse las contestaciones directamente a la secretaría con transcripción o copia del oficio. El tribunal inmediatamente de recibido deberá agregarlo en el expediente, con noticia a las partes personalmente o por cédula.
Cuando en la redacción de los oficios los profesionales se apartaren de lo establecido en la providencia que los ordena o de las formas legales, será de aplicación el art. 160.
Texto oficial: Fiscalía de Estado de Córdoba, Dirección de Informática Jurídica. Ante cualquier diferencia, prevalece la publicación oficial.
Qué dice el art. 322 del CPCC
El art. 322 del CPCC de Córdoba, bajo el epígrafe «Atribuciones de los letrados patrocinantes», dispone que, cuando interviene letrado, apoderado o patrocinante, los pedidos de informes, expedientes, copias autenticadas y certificados ordenados en el juicio se requieren por medio de oficios firmados, sellados y diligenciados por aquel. El oficio debe transcribir la resolución que lo ordena y el art. 320, según el cual los informes deben ser contestados dentro del plazo de diez días, salvo que el tribunal determine otro, conforme a la naturaleza del juicio o a circunstancias especiales. «En su caso», también debe consignarse la prevención del último párrafo del art. 321, que impone a los escribanos y entidades privadas que sin causa justificada no contesten oportunamente una multa a favor de la parte que ofreció la prueba, de hasta diez jus por cada día de retardo.
El segundo párrafo exige que se otorgue recibo del pedido de informes y que las contestaciones se remitan directamente a la secretaría, con transcripción o copia del oficio. Según el mismo párrafo, el tribunal «inmediatamente de recibido deberá agregarlo en el expediente, con noticia a las partes personalmente o por cédula». El art. 324 dispone que la objeción de falsedad debe deducirse dentro de los cinco días de notificada la agregación del informe.
El tercer párrafo establece que, cuando en la redacción de los oficios los profesionales se apartan de lo establecido en la providencia que los ordena o de las formas legales, es de aplicación el art. 160. Ese artículo prevé que quien notifique o haga notificar ilegalmente una providencia o resolución incurre en una multa a favor de la parte perjudicada, que el tribunal gradúa hasta un máximo de cien jus, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiere corresponderle o de otras medidas por vía de superintendencia.
Cómo se aplica
En 2006, en una causa contencioso administrativa de plena jurisdicción, la Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba sostuvo que el pedido de informes que los letrados hacen en forma directa a la Administración Pública, con la habilitación que les da la Ley 5805, «mal puede asimilarse» a la prueba informativa solicitada en el proceso. Explicó que, para esa prueba, el art. 322, «como condición de validez», autoriza que el oficio sea librado, confeccionado, firmado, sellado y diligenciado por el abogado, pero exige que antes el tribunal haya proveído favorablemente el ofrecimiento y que la resolución que ordena la medida esté «debidamente transcripta» en el oficio. La misma Sala repitió ese razonamiento en 2007, en otra causa contencioso administrativa de plena jurisdicción.
En 2017, en un cuerpo de multas de un juicio laboral por despido, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba examinó la multa que el tribunal a quo había impuesto al destinatario de dos oficios por no contestar la prueba solicitada por la actora. Sostuvo que el tribunal a quo incurrió en un «excesivo rigor formal» al establecer, interpretando el art. 322, que la única manera de cumplir con la orden judicial era presentar la respuesta directamente ante el tribunal, cuando en ambas requisitorias se había consignado que debían ser restituidas por la misma vía de recepción, esto es, a través de la letrada diligenciante.
En 2021, en un juicio abreviado de daños y perjuicios, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia y Contencioso Administrativo de Villa María tuvo en cuenta que el tribunal de origen había ordenado los oficios informativos ante el ofrecimiento de la actora y había decretado la agregación de los informes, que fueron notificados a la demandada según el art. 322. Como nada de eso fue impugnado, presumió la inexistencia de perjuicio respecto de esa vía probatoria y señaló que no hubo objeción de la demandada a la producción de los informes conforme al art. 324. En 2023, en un juicio abreviado de daños y perjuicios por un accidente de tránsito, la Cámara 3ª de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba, en un voto al que adhirieron los otros dos vocales, consideró que el diligenciamiento de la prueba informativa propuesta por el actor para adverar los documentos privados acompañados se había realizado «en plena concordancia» con el art. 322.
Fallos de Córdoba que citan el art. 322 del CPCC
En la base de jurisprudencia de Nino Legal, 18 fallos de la justicia de Córdoba citan este artículo. Estos son algunos, con el pasaje en el que lo citan:
MACHADO, EDITA Y OTRA C/ PROVINCIA DE CÓRDOBA - PLENA JURISDICCIÓN - RECURSO DE APELACIÓN
Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Sala Contencioso Administrativa · 2006
«el artículo 322 inciso 1 del Código Procesal Civil y Comercial, como condición de validez, si bien autoriza a que el oficio sea librado, confeccionado, firmado, sellado y diligenciado por el abogado, al propio tiempo también exige que previamente el Tribunal haya proveído favorablemente al ofrecimiento de dicha prueba y esta resolución judicial que ordena la medida, se encuentre debidamente transcripta en el mismo»
Dominguez de Soto, Hugo E. c/ Superior Gobierno de la Provincia - Contencioso Administrativo - Plena Jurisdicción - Recurso de Apelación
Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Sala Contencioso Administrativa · 2007
«el artículo 322 inciso 1° del Código Procesal Civil y Comercial como condición de validez, si bien autoriza a que el oficio sea librado, confeccionado, firmado, sellado y diligenciado por el abogado, exige que previamente el Tribunal haya proveído favorablemente al ofrecimiento de dicha prueba y esta resolución judicial que ordena la medida, se encuentre debidamente transcripta en el mismo»
CUERPO DE MULTAS A LA UOCRA EN AUTOS ́BRACAMONTE JULIO ALBERTO C/ B &M CONSTRUCCIONES SRL - ORDINARIO - DESPIDO
Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Sala Laboral · 2017
«la a quo incurrió en un excesivo rigor formal, al establecer -interpretando el art. 322 CPCC- que la única manera de cumplir con la orden judicial era presentar la respuesta directamente ante el Tribunal»
Tlax SRL c/ Quevedo, Jorge Antonio - Abreviado - Daños y Perjuicios (Expte. Nº 2780639)
Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia y Contencioso Administrativo de Villa María · 2021
«el tribunal de origen no sólo ordenó la expedición de oficios informativos ante el ofrecimiento respectivo de la parte actora, sino también decretó la agregación de informes que fueron notificados a la parte demandada, según art. 322 tercer párrafo parte final, CPC.»
AGUADA, LUIS EMILIO C/ OGA, MARCELO ANTONIO Y OTRO - ABREVIADO - DAÑOS Y PERJUCIOS - ACCIDENTES DE TRÁNSITO - TRAM. ORAL (N° 10792333)
Cámara 3ª de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba · 2023
«el diligenciamiento de la prueba informativa (art. 317 CPCC) propuesta por el accionante a los efectos de adverar los documentos privados acompañados se ha realizado en plena concordancia con lo estipulado por el art. 322 del CPCC.»
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Preguntas frecuentes
¿Quién firma y diligencia los oficios de informes en el CPCC de Córdoba?
Según el art. 322 del CPCC de Córdoba, cuando interviene letrado, apoderado o patrocinante, los pedidos de informes, expedientes, copias autenticadas y certificados ordenados en el juicio se requieren por medio de oficios firmados, sellados y diligenciados por ese profesional. Si en la redacción de los oficios los profesionales se apartan de lo establecido en la providencia que los ordena o de las formas legales, se aplica el art. 160, que prevé una multa a favor de la parte perjudicada de hasta cien jus.
¿Qué tiene que transcribir el oficio de informes en Córdoba?
El oficio debe transcribir la resolución que lo ordena y el art. 320, que fija en diez días el plazo para contestar los informes, salvo que el tribunal determine otro. «En su caso», debe consignarse además la prevención del último párrafo del art. 321: una multa a favor de la parte que ofreció la prueba, de hasta diez jus por cada día de retardo, para los escribanos y entidades privadas que sin causa justificada no contesten oportunamente. En 2006, la Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba sostuvo que el art. 322 exige, como condición de validez, que la resolución judicial que ordena la medida esté debidamente transcripta en el oficio.
¿El informante puede entregar la respuesta al abogado en vez de mandarla al juzgado?
El art. 322 del CPCC de Córdoba dispone que las contestaciones se remitan directamente a la secretaría, con transcripción o copia del oficio. En 2017, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba consideró que incurrió en un «excesivo rigor formal» el tribunal que, interpretando el art. 322, estableció que la única manera de cumplir con la orden judicial era presentar la respuesta directamente ante el tribunal, cuando los oficios indicaban que debían ser restituidos por la misma vía de recepción, a través de la letrada diligenciante.
¿Un pedido de informes que el abogado hace por su cuenta vale como prueba informativa?
En 2006 y en 2007, la Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba sostuvo que el pedido que los letrados hacen en forma directa a la Administración Pública, con la habilitación que les da la Ley 5805, «mal puede asimilarse» a la prueba informativa solicitada en el proceso. Para esa Sala, el art. 322 autoriza que el oficio sea librado, confeccionado, firmado, sellado y diligenciado por el abogado, pero exige que antes el tribunal haya proveído favorablemente el ofrecimiento de la prueba y que la resolución que ordena la medida esté transcripta en el oficio.
¿Qué pasa con la contestación del oficio cuando llega al juzgado?
Según el art. 322 del CPCC de Córdoba, el tribunal «inmediatamente de recibido deberá agregarlo en el expediente, con noticia a las partes personalmente o por cédula». El art. 324 dispone que la objeción de falsedad debe deducirse dentro de los cinco días de notificada la agregación del informe. En 2021, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia y Contencioso Administrativo de Villa María presumió la inexistencia de perjuicio respecto de la prueba informativa porque no se impugnaron el ofrecimiento, la orden de diligenciamiento ni la agregación de los informes, que habían sido notificados a la demandada.
Las secciones «Qué dice», «Cómo se aplica» y «Preguntas frecuentes» fueron generadas con inteligencia artificial a partir del texto oficial del Código y de fallos de la base de jurisprudencia de Nino Legal. Pueden contener errores y no reemplazan la lectura de la norma ni el asesoramiento profesional.
El artículo 322 en el Código
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- RelacionadoArt. 321 — Retardo injustificado
- RelacionadoArt. 160 — Sanciones
- RelacionadoArt. 317 — Procedencia
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