Rechazan la cautelar ambiental para frenar las obras de exportación de GNL de YPF en el Golfo San Matías
El Juzgado Federal de Viedma desestimó la suspensión de las obras pedida por organizaciones ambientalistas: consideró que no se acreditaron la verosimilitud del derecho ni el peligro en la demora, y valoró el impacto de una paralización en el marco del RIGI.
Qué pasó
La Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) promovieron una acción preventiva contra el consorcio que desarrolla el proyecto de exportación de gas natural licuado (GNL) desde el Golfo San Matías, integrado por YPF y otras empresas del sector energético. En ese marco pidieron una medida cautelar para prohibir, hasta el dictado de la sentencia definitiva, todo movimiento de suelo, la modificación del sector costero, las obras marítimas, la instalación de obradores y el acopio de combustibles, y reclamaron una nueva evaluación de impacto ambiental de todo el plan.
El juez federal subrogante Hugo Horacio Greca rechazó la cautelar. Entendió que no se habían acreditado ni el peligro en la demora ni la verosimilitud en el derecho. Sostuvo que la llegada de caños a la costa no configura por sí misma un daño ambiental fáctico inminente, y que los demandantes no incorporaron las resoluciones provinciales 247/25 y 322/25, que aprobaron los estudios de impacto ambiental, limitándose a cuestionar criterios técnicos de la autoridad ambiental rionegrina.
El juzgado también señaló que la acción preventiva del artículo 1711 del Código Civil y Comercial ya tiene naturaleza anticipatoria, de modo que sumarle una cautelar con el mismo objeto equivaldría a dictar una sentencia anticipada sin escuchar a la contraparte. Además, según el fallo, frenar las obras afectaría a las empresas, a los inversores y al Estado, y comprometería la seguridad jurídica en el marco del RIGI, en lo que describió como la mayor inversión privada de la historia argentina. Por último, intimó por cinco días a la asociación actora a explicar por qué no mencionó en la demanda un expediente paralelo sobre la inconstitucionalidad de la ley rionegrina que habilitó la obra, que está a estudio de la Corte Suprema.
La decisión se dictó antes de resolver el fondo: se limita a la medida cautelar y la acción preventiva sigue su curso. La causa había llegado al Juzgado Federal de Viedma después de que, el 5 de octubre, la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca revocara su declaración de incompetencia.
Conceptos jurídicos aplicados
Por qué es relevante
El fallo muestra con qué rigor los tribunales federales analizan las cautelares ambientales cuando la obra cuenta con evaluaciones de impacto aprobadas por la autoridad provincial: quien pide frenar el proyecto tiene que acompañar esos actos y demostrar un daño inminente, no alcanza con cuestionar criterios técnicos en abstracto.
También deja una pauta procesal para quienes litigan en materia ambiental. Cuando el objeto de la cautelar coincide con el de la acción preventiva, el juez puede entender que se trata de una sentencia anticipada, y la seguridad jurídica de los proyectos bajo el RIGI aparece como un factor que el tribunal pondera al decidir si suspende una obra.
Fuente: iProfesional. Esta nota es un resumen informativo elaborado por Nino Legal; no constituye asesoramiento legal. Cómo elaboramos las novedades.
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