Rechazaron el amparo de los diputados Frade y Ferraro contra el DNU que habilita expulsar extranjeros por "mensajes de odio": no tienen legitimación como legisladores

Qué pasó

Los diputados nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, presentaron una acción de amparo con pedido de medida cautelar contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 681/2026, que modificó la Ley de Migraciones 25.871 para incorporar los mensajes de odio y el agravio a símbolos patrios como causal de rechazo de ingreso, cancelación de residencia y expulsión de extranjeros. Los legisladores pidieron declarar la inconstitucionalidad y nulidad del decreto y suspender de inmediato su vigencia y los actos dictados en su cumplimiento.

Entre los argumentos de fondo, los actores sostuvieron que el Poder Ejecutivo dictó el DNU sin acreditar circunstancias de necesidad y urgencia mientras el Congreso sesionaba con normalidad, que avanzó sobre materia reservada al Legislativo, que la expulsión configura una sanción de naturaleza penal vedada a los decretos de necesidad y urgencia por el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, y que conceptos como "mensajes de odio" quedan librados a la discrecionalidad de la autoridad migratoria en desmedro de la libertad de expresión.

El caso recayó por sorteo en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 9, a cargo del juez Pablo Cayssials, quien rechazó la demanda "in límine" —es decir, sin abrir a prueba ni analizar la constitucionalidad del decreto— por falta de legitimación procesal de los actores. El magistrado sostuvo que "los legisladores no son legitimados extraordinarios en tanto no están mencionados en el artículo 43" de la Constitución Nacional, y que de la ampliación de sujetos legitimados por la reforma constitucional de 1994 no se sigue una aptitud automática para demandar. Agregó que dar curso a la acción implicaría "obviar las exigencias de los artículos 116 y 117" de la Constitución Nacional en cuanto a la necesidad de una controversia judicial real.

Conceptos jurídicos aplicados

Por qué es relevante

El fallo reitera un criterio que los tribunales federales vienen aplicando de forma constante frente a los DNUs del gobierno de Javier Milei: la sola condición de diputado o diputada no habilita a litigar contra normas del Poder Ejecutivo si no se acredita un perjuicio propio, concreto y diferenciado del resto de la ciudadanía. El artículo 43 de la Constitución Nacional no incluye a los legisladores entre los legitimados extraordinarios para el amparo, y la jurisprudencia de la Corte Suprema (caso "Thomas") reserva ese rol a quien acredita un interés jurídico personal, no a quien actúa en representación de su bancada.

El rechazo por falta de legitimación deja sin resolver el planteo de fondo sobre la constitucionalidad del DNU 681/2026, que sigue vigente y aplicable por la Dirección Nacional de Migraciones mientras no sea derogado por el Congreso o declarado inválido en otro proceso. La discusión sobre si la nueva causal de "mensajes de odio" es lo bastante precisa para no vulnerar la libertad de expresión, y si la expulsión configura una sanción de naturaleza penal vedada a los DNUs, queda abierta para un caso donde el actor sea una persona extranjera directamente afectada por una denegación de ingreso o una cancelación de residencia.

Para estudios que asesoran en migraciones y litigio constitucional, el fallo confirma que la vía de ataque contra este tipo de decretos por parte de legisladores de la oposición sigue topando con la misma barrera procesal, y que el cuestionamiento efectivo del DNU 681/2026 requiere identificar a un extranjero con un caso concreto de rechazo de ingreso, cancelación de residencia o expulsión fundada en la nueva causal.

Fuente: Palabras del Derecho — Expediente 37897/2026. Esta nota es un resumen informativo elaborado por Nino Legal; no constituye asesoramiento legal. Cómo elaboramos las novedades.