Tucumán: un juez declaró inconstitucional el pago en 12 cuotas de una condena laboral previsto por la reforma laboral

El juez Carlos Frascarolo declaró, para el caso concreto, la inconstitucionalidad del párrafo que la ley 27.802 (art. 56) incorporó al art. 277 de la LCT y rechazó que una empresa de calzados pagara en 12 cuotas una condena por despido de unos $8,2 millones. Lo hizo a pedido de la trabajadora y con dictamen fiscal favorable.

Fecha17 de septiembre de 2026
TribunalJuzgado del Trabajo de la Iª Nominación del Centro Judicial Capital de Tucumán (Oficina de Gestión Asociada del Trabajo N° 2)
MateriaLaboral · Constitucional · Procesal

Qué pasó

Una trabajadora despedida obtuvo en abril de 2026 una sentencia que condenó a su empleadora, una empresa de comercio de calzados de Tucumán, a pagar $8.265.686,74. Con la sentencia firme, la empresa pidió pagar el capital en doce cuotas mensuales consecutivas, con base en el art. 277 de la LCT, en la redacción dada por el art. 56 de la ley 27.802, y acompañó un certificado MiPyME y estados contables. La actora se opuso y planteó la inconstitucionalidad de la norma. La fiscal de primera nominación dictaminó a favor de declararla.

El 17 de septiembre de 2026, el juez Carlos Frascarolo admitió el planteo y declaró, para el caso concreto, la inconstitucionalidad del párrafo incorporado al art. 277 de la LCT por el art. 56 de la ley 27.802, en cuanto habilita el pago fraccionado de las sentencias condenatorias en 12 cuotas. En consecuencia, rechazó el pedido de la demandada. La declaración fue a pedido de parte, no de oficio. Las costas se eximieron por la novedad de la cuestión y la razón probable de la empresa para plantear el pago en cuotas.

Como fundamentos, el juez señaló que el crédito reconocido por sentencia firme integra el patrimonio de la trabajadora (art. 17 CN) y que el deudor no puede imponerle unilateralmente su fraccionamiento; que la norma coloca en mejor situación al empleador que incumplió y obligó a litigar que a quien cumple voluntariamente, lo que vulnera la igualdad (art. 16 CN); que el crédito tiene naturaleza alimentaria y el mecanismo la obliga a financiar al empleador (art. 14 bis CN); y que la tutela judicial efectiva incluye el cumplimiento de la sentencia, con un proceso que ya había durado 19 meses. Agregó que el verbo "podrán" del art. 277 vuelve facultativo el pago en cuotas y que no cabe cuando la acreedora se opone.

Además, de manera subsidiaria, consideró que aun acreditada la condición de MiPyME, el certificado solo prueba el encuadramiento administrativo y no que el pago inmediato comprometa la continuidad de la empresa o los puestos de trabajo. De sus propios estados contables, al 30 de abril de 2025, surgía un activo total de $1.261.174.392, un patrimonio neto de $625.104.153 y disponibilidades por $172.899.467. La sentencia no está firme.

Conceptos jurídicos aplicados

pago en cuotas de condenas laboralesley 27.802art. 277 LCTcontrol de constitucionalidadprincipio protectoriocarácter alimentario del crédito laboralderecho de propiedadigualdad ante la ley

Por qué es relevante

El fallo se suma a la línea jurisprudencial que cuestiona el pago en cuotas de condenas laborales introducido por la ley 27.802: la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declaró la inconstitucionalidad del art. 277 de la LCT el 27 de agosto de 2026, y el juez de Tucumán la cita expresamente como respaldo. También hubo pronunciamientos de la Sala II de esa Cámara y de la Cámara del Trabajo de Córdoba en el mismo sentido o rechazando cuotas en casos concretos. No es el primer fallo sobre el tema, pero sí aporta argumentos propios: la novación legal de una deuda salarial de pago único en una obligación periódica (art. 941 CCC) y su tensión con los arts. 126 a 131 y 137 de la LCT y con el Convenio 95 de la OIT.

En la práctica, el fallo muestra dos vías para resistir el pedido de cuotas. La primera es el planteo de inconstitucionalidad del art. 277 LCT por parte del trabajador, con dictamen fiscal. La segunda es no discutir la norma y atacar la prueba: el juez entendió que el certificado MiPyME y un balance previo no alcanzan para demostrar una situación que justifique diferir el pago. Para las empresas, implica que invocar el art. 277 exige acreditar el riesgo concreto para la continuidad de la actividad y del empleo, y que la oposición de la acreedora puede bastar para descartar el fraccionamiento.

Conviene tener presente que la declaración rige solo para el caso concreto y que la sentencia no está firme. El Poder Judicial de Tucumán la dio a conocer en noviembre de 2026.

Fuente: Poder Judicial de Tucumán (sentencia no firme). Esta nota es un resumen informativo elaborado por Nino Legal; no constituye asesoramiento legal. Cómo elaboramos las novedades.

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