La Corte Suprema dejó firme la condena a Rafael Resnick Brenner por corrupción en la AFIP y ordenó que sea juzgado de nuevo por coimas
El máximo tribunal rechazó los recursos de la defensa y confirmó la condena por concusión al exdirector de la Regional Salta de la AFIP y a su ex jefe del Área Jurídica, Nicolás Fili. A la vez, habilitó un nuevo juicio oral por el presunto cobro de coimas a empresarios mineros, después de que la Cámara de Casación anulara las absoluciones dictadas en esa parte de la causa.
Qué pasó
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó los recursos extraordinarios de las defensas y dejó firme la condena por concusión contra Rafael Resnick Brenner, exdirector de la Regional Salta de la AFIP y exmano derecha de Ricardo Echegaray al frente del organismo, y contra Nicolás Fili, exjefe del Área Jurídica de esa delegación. El Tribunal Oral Federal 2 de Salta los había condenado el 31 de julio de 2023 a cuatro años de prisión a Resnick Brenner, como autor, y a tres años a Fili, como partícipe necesario, por exigir dinero a contribuyentes a cambio de resoluciones tributarias favorables entre 2012 y 2015.
En la misma resolución, la Corte convalidó el fallo de abril de 2025 de la Cámara Federal de Casación Penal, que había anulado —por apelación de la fiscalía— las absoluciones que el TOF2 de Salta había dictado en 2023 a favor de los empresarios Pablo Daniel Haddad y Federico Guijarro Jiménez, vinculados a la minera Santa Rita, por cohecho activo y pasivo. Con el aval del máximo tribunal a esa anulación, queda habilitado un nuevo juicio oral para ese tramo de la causa, que investiga el presunto pago de coimas a los funcionarios de la AFIP a cambio de beneficios impositivos.
Resnick Brenner arrastra además otra condena firme, a tres años de prisión en suspenso, dictada en la causa por el escándalo de los cospeles de Ciccone Calcográfica.
Conceptos jurídicos aplicados
Por qué es relevante
El fallo combina dos decisiones distintas que conviene no confundir. Por un lado, la Corte agota la vía recursiva ordinaria y deja firme —y por lo tanto ejecutable— la condena por concusión (artículo 266 del Código Penal) contra los dos exfuncionarios, que ya no tienen apelaciones pendientes en esa parte del caso. Por el otro, no condena a nadie: se limita a confirmar que la Cámara de Casación actuó correctamente al anular una absolución y ordenar que un nuevo tribunal vuelva a juzgar el tramo de cohecho.
Esa segunda parte ilustra un límite clásico del proceso penal argentino: cuando la fiscalía apela una absolución y la logra revertir, el tribunal de alzada no puede condenar directamente a quien fue absuelto en primera instancia, porque eso vulneraría su derecho a un juicio con doble instancia y a ser oído por un tribunal que valore la prueba de manera inmediata. Por eso la Casación, y ahora la Corte, no condenan a Haddad y Guijarro Jiménez sino que reenvían la causa a un nuevo debate oral.
El caso también expone la lógica de la concusión como delito propio de funcionarios públicos —distinto del cohecho, que además requiere la participación de quien ofrece o entrega el dinero—, y cómo ambas figuras pueden investigarse en una misma causa con desenlaces procesales asincrónicos: una condena que ya es firme para los funcionarios y un juicio todavía pendiente para los particulares que habrían pagado.
Fuente: Tiempo Judicial. Esta nota es un resumen informativo elaborado por Nino Legal; no constituye asesoramiento legal. Cómo elaboramos las novedades.
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