Gestión algorítmica es poder de dirección: un juzgado laboral porteño declaró dependiente a una repartidora de PedidosYa y fijó una condena de $ 10,3 millones

El juez Mariano Candal, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 77, consideró que la gestión algorítmica de la plataforma es ejercicio del poder de dirección y que el contrato de locación de servicios encubría una relación laboral. Resolvió por la normativa anterior a la ley 27.802 porque el vínculo se extinguió antes de su publicación.

Fecha2 de noviembre de 2026
TribunalJuzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 77 (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
MateriaLaboral

Qué pasó

Una repartidora que trabajó desde enero de 2023 a través de la aplicación PedidosYa demandó por despido a las dos sociedades que operaban la plataforma. Había firmado un contrato de locación de servicios, facturaba como monotributista y cobraba por orden entregada, kilómetros recorridos y un ranking fijado por la empresa. El 29 de diciembre de 2025 intimó a registrar la relación y el 11 de febrero de 2026 se consideró despedida. Reclamó $ 42.812.500. Las demandadas negaron el vínculo laboral y sostuvieron que ella elegía días, horarios y zona, usaba su propio vehículo y teléfono y podía rechazar pedidos sin consecuencias.

El juez Mariano Candal, en sentencia del 2 de noviembre de 2026, hizo lugar a la demanda y condenó en forma solidaria a las dos sociedades a pagar $ 10.349.338,07 más intereses. Entendió que las empresas, al reconocer la prestación de servicios, activaron la presunción del art. 23 de la LCT y no lograron desvirtuarla. Valoró que el contrato fijaba el precio de forma unilateral, que la empresa organizaba el servicio mediante la aplicación, que se entregaba indumentaria con la marca bajo un esquema de exclusividad en el uso de distintivos, que los turnos se tomaban en franjas predeterminadas (entre 23 y 29 días por mes, de 150 a 200 horas mensuales) y que las ausencias eran evaluadas y exigían justificación para evitar limitaciones. Descartó el testimonio de un empleado de una de las empresas por contradecir los propios contratos y las planillas de conexión. Tuvo a ambas sociedades como empleadoras por la confusión de sus patrimonios y plantillas de personal (arts. 14 y 26 LCT).

Sobre la gestión algorítmica, la sentencia sostuvo que asignar tareas y controlar el cumplimiento de forma automatizada es ejercicio de las facultades de dirección, que el control por GPS y la obtención de mejoras por superar objetivos prefijados no son esenciales distintos de la supervisión personal y presencial de la fábrica clásica, y que externalizar esas facultades en un algoritmo propiedad de la empresa obedece a un plan empresario. Agregó que la configuración del algoritmo le fue ajena a la trabajadora, que sus incumplimientos eran sancionados de manera impersonal y automatizada, y que el vehículo no es un indicio de autonomía sino una herramienta para conseguir el trabajo. Rechazó que el vínculo se hubiera extinguido por voluntad concurrente de las partes (art. 241 LCT) y consideró justificado el despido indirecto. Para el cálculo tomó como base $ 762.735,93, la mejor remuneración mensual devengada en el último año según las facturas.

La condena incluye indemnización por antigüedad ($ 2.288.207,79), preaviso, integración del mes de despido, sueldos anuales complementarios adeudados y $ 5.339.151,51 por daños y perjuicios: siete salarios mensuales, cinco por daño material y dos por daño moral, por haber mantenido clandestino el vínculo durante más de tres años. Rechazó las multas de las leyes 24.013 y 25.323, derogadas por la ley 27.742, porque el despido se produjo después de su derogación, y descartó que fuera aplicable el CCT 722/15 porque el trabajo se prestó íntegramente en la provincia de Buenos Aires. Ordenó entregar el certificado del art. 80 LCT bajo apercibimiento de una multa de $ 50.000 diarios, comunicar a ARCA y aplicó para los intereses el art. 55 de la ley 27.802 (tasa pasiva con tope de IPC más 3 % anual y piso del 67 %). Impuso las costas a las demandadas.

Conceptos jurídicos aplicados

relación de dependenciatrabajo en plataformasgestión algorítmicalocación de serviciospresunción del art. 23 lctprincipio de realidadley 27.802daños y perjuicios por clandestinidad

Por qué es relevante

El fallo trata de manera frontal cómo encuadrar la gestión algorítmica dentro del esquema clásico de la LCT: no la considera un elemento disruptivo que borre el binomio empleador-trabajador, sino una forma de ejercer el poder de dirección. Para la práctica, ofrece un listado de indicios probatorios que pueden reproducirse en otros reclamos de repartidores: contrato que fija el precio y organiza el servicio por la aplicación, turnos ofrecidos por la empresa, marca y uniforme, penalización de ausencias, planillas de conexión y pericia informática.

Respecto de la reforma laboral, el juez no aplicó el régimen de prestadores independientes de plataformas del Título XII de la ley 27.802, que cuestionó por no abarcar a quienes trabajan en un contexto de subordinación. Lo dejó de lado por una razón temporal: la ley se publicó en el Boletín Oficial el 6 de marzo de 2026, cuando el vínculo ya se había extinguido (11 de febrero de 2026), y las nuevas leyes se aplican a las consecuencias de relaciones existentes (art. 7 del Código Civil y Comercial) pero no pueden alterar la calificación de una relación constituida, desarrollada y extinguida bajo la normativa anterior. Por eso declaró abstracto el planteo de inconstitucionalidad de ese régimen. La sentencia aplicó la presunción del art. 23 LCT y consideró inaplicable la excepción del segundo párrafo, incorporada por la ley 27.742, porque la prestación no era una contratación de obras o de servicios profesionales o de oficios. Es decir que el fallo no resuelve cómo juzgarán los tribunales a quienes empiecen a trabajar bajo la nueva ley.

Dos puntos para tener en cuenta en el litigio. Primero, el juez mantuvo la reparación del daño por clandestinidad como vía de derecho común frente a la derogación de las multas tarifadas, con un criterio que ya había aplicado en otras causas y que, según cita el propio juez, la Sala IV de la Cámara confirmó en un precedente suyo. Segundo, la sentencia es de primera instancia y puede ser apelada, por lo que habrá que ver si la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo sostiene este tratamiento de la gestión algorítmica y del régimen de plataformas de la ley 27.802.

Fuente: Diario Judicial — Expediente 10.086/2026. Esta nota es un resumen informativo elaborado por Nino Legal; no constituye asesoramiento legal. Cómo elaboramos las novedades.

Otras novedades judiciales

Ver todas →
9 de septiembre de 2026Laboral · Administrativo

Una Cámara de Santa Rosa revocó una multa laboral de $5.140.080 a PedidosYa: la autoridad administrativa no puede calificar por sí misma a los repartidores como dependientes

La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa dejó sin efecto la sanción que la Subsecretaría de Relaciones Laborales de La Pampa le había aplicado a PedidosYa tras un relevamiento de repartidores en la vía pública. Entendió que determinar si hay relación de dependencia es una valoración reservada al Poder Judicial.

Leer la novedad →
19 de noviembre de 2026Laboral · Constitucional · Procesal

El TSJ porteño avaló el artículo 55 de la ley 27.802 y ordenó actualizar con ese régimen un crédito laboral en un juicio en trámite

Por mayoría de 3 a 2, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad de un banco, revocó una sentencia de la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y rechazó el planteo de inconstitucionalidad del artículo 55 de la ley de Modernización Laboral. Los jueces Lozano y Ruiz votaron en disidencia.

Leer la novedad →
11 de noviembre de 2026Laboral · Constitucional

Otra cautelar contra la reforma laboral: suspenden los decretos 407/2026 y 612/2026 en el convenio de molinos harineros y se mantiene la contribución del 2% sobre toda la remuneración

El Juzgado Nacional del Trabajo N° 73 hizo lugar a una cautelar de la Unión Obrera Molinera Argentina y suspendió, respecto del CCT 66/89, la aplicación del artículo 7 del decreto 407/2026 y del artículo 1 del decreto 612/2026. Esas normas acotaban la base de cálculo de la contribución sindical, que por ahora sigue calculándose sobre la totalidad de las remuneraciones mensuales.

Leer la novedad →