El TSJ porteño avaló el artículo 55 de la ley 27.802 y ordenó actualizar con ese régimen un crédito laboral en un juicio en trámite
Por mayoría de 3 a 2, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad de un banco, revocó una sentencia de la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y rechazó el planteo de inconstitucionalidad del artículo 55 de la ley de Modernización Laboral. Los jueces Lozano y Ruiz votaron en disidencia.
Qué pasó
Una trabajadora despedida en marzo de 2017, con una relación que databa de 2005, demandó por despido a un banco y a otra empresa. La Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó la condena, declaró la inconstitucionalidad de las leyes 23.928 y 25.561 (que prohíben la indexación) y ordenó actualizar el crédito desde que fue debido según el IPC más un interés puro del 3% anual. El banco recurrió por inconstitucionalidad: sostuvo que la sentencia era arbitraria y se apartaba de la doctrina de la Corte Suprema en "Oliva" y "Lacuadra".
Por mayoría, el Tribunal Superior porteño hizo lugar al recurso, revocó la sentencia de la Sala IX y ordenó calcular los intereses y la actualización del crédito de acuerdo con el artículo 55 de la ley 27.802, que entró en vigencia el 6 de marzo de 2026, con el juicio ya en trámite. Ese artículo fija un régimen transitorio para los juicios sin sentencia firme: toma como referencia la tasa pasiva del Banco Central, con un tope dado por el capital actualizado por IPC más 3% anual y un piso del 67% del resultado de esa fórmula.
La trabajadora había pedido que se declarara la inconstitucionalidad del artículo 55. La mayoría, integrada por Marcela De Langhe, Santiago Otamendi e Inés Weinberg (esta última con voto propio), lo rechazó: sostuvo que la declaración de invalidez de una norma es el último recurso, que el régimen transitorio responde a un criterio de oportunidad y mérito del legislador y que no viola la igualdad ni el derecho de propiedad, que no hay un derecho adquirido a intereses calculados con una fórmula no fijada por sentencia firme, y que el piso del 67% es compatible con la doctrina no confiscatoria de la Corte Suprema ("Vizzoti"). Tuvo en cuenta además el pronunciamiento de la Corte Suprema del 5 de noviembre de 2026, que recordó que deben contemplarse los cambios legislativos producidos durante el proceso. Weinberg remarcó la previsibilidad que dan reglas claras y que la trabajadora no había mostrado con cifras concretas cuánto perdía con la nueva fórmula.
Los jueces Luis Lozano y Alicia Ruiz votaron en disidencia: propusieron declarar inconstitucional el artículo 55 y aplicar en su lugar la Tasa de Intereses Moratorios del Banco Central. Entendieron que la norma perjudica a los trabajadores que ya habían demandado, sujetos de preferente tutela constitucional, frente a otros acreedores, y mostraron con este caso la brecha: entre marzo de 2017 y agosto de 2026 el IPC subió 11.980,96%, mientras que la tasa pasiva del Banco Central arrojaba 5.930,88%.
Conceptos jurídicos aplicados
Por qué es relevante
El Tribunal Superior de la Ciudad se alinea con la Corte Suprema, que el 5 de noviembre de 2026 dejó sin efecto sentencias que actualizaban créditos laborales por IPC más 3% y ordenó dictar nuevos fallos conforme al artículo 55, y con la Suprema Corte bonaerense, que el 21 de octubre de 2026 se pronunció por la constitucionalidad de esa norma para los juicios en trámite. Para la Justicia Nacional del Trabajo, cuyas sentencias llegan al Tribunal porteño por recurso de inconstitucionalidad, es una señal de que una actualización por IPC más 3% anual dispuesta por la Cámara puede ser revocada si la ley 27.802 estaba vigente durante el proceso.
En la práctica, quien litiga un crédito laboral con sentencia no firme debe calcular su exposición o su reclamo con la fórmula del artículo 55 (tasa pasiva, tope de IPC más 3% y piso del 67%), que puede dar una actualización menor que el IPC más 3% que venían aplicando algunas salas. El planteo de inconstitucionalidad, para prosperar, parece exigir acreditar con cifras concretas el perjuicio, como remarcó la jueza Weinberg.
La decisión fue dividida y la disidencia deja planteado el contraste con la tutela preferente del trabajador. Varias salas y tribunales del trabajo han declarado inconstitucional el mismo artículo en otros casos, por lo que la discusión sigue abierta en las instancias inferiores.
Fuente: iProfesional. Esta nota es un resumen informativo elaborado por Nino Legal; no constituye asesoramiento legal. Cómo elaboramos las novedades.
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