La Corte Suprema ordenó al Ministerio de Educación entregar los resultados de Aprender y Enseñar por escuela
Por mayoría, la Corte Suprema confirmó que el Ministerio de Educación debe entregar los reportes de resultados de los operativos Aprender y Enseñar 2016 y 2017 de todos los establecimientos de Salta. Entendió que el Estado no demostró que difundirlos produzca estigmatización y que se trata de información pública, con resguardo de los datos de alumnos y docentes.
Qué pasó
Un padre pidió al Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación los reportes de resultados de todos los establecimientos educativos e institutos de formación docente de la provincia de Salta que participaron de los operativos Aprender y Enseñar 2016 y 2017. El Ministerio respondió que la información era confidencial y que solo podía darle resultados desagregados hasta el nivel municipal, siempre que hubiera al menos dos escuelas por municipio. El actor promovió un amparo de acceso a la información pública. La primera instancia lo rechazó y la Sala II de la Cámara Federal de Salta lo revocó: ordenó entregar los reportes por vía informática, sin excepción y sin revelar datos particulares de alumnos y docentes. El Estado Nacional interpuso recurso extraordinario.
La Corte Suprema declaró admisible el recurso y confirmó la sentencia. Sostuvo que la información pública se presume accesible y que le toca al Estado demostrar, de manera clara y concreta, que una excepción de la ley 27.275 aplica. El Ministerio invocó el artículo 97 de la ley 26.206, que manda resguardar la identidad de las instituciones educativas para evitar la estigmatización, y el secreto estadístico de la ley 17.622. La Corte consideró que solo ofreció argumentos abstractos y conjeturales: no probó que los datos se hubieran obtenido con fines exclusivamente estadísticos en el marco del sistema estadístico nacional, ni explicó por qué publicar resultados por escuela llevaría a estigmatizar a alguien. Tampoco consideró acreditado que la difusión frustrara el éxito de una investigación ni que lesionara la intimidad o el honor de las personas.
La Corte aclaró que debe evitarse la difusión de información que permita identificar a quienes participaron de los operativos. Como en Aprender participaron menores de edad, durante la ejecución de la sentencia los tribunales deberán delimitar con precisión el alcance de lo que se entrega, atendiendo las particularidades de cada establecimiento. Si el Estado se opone respecto de alguna institución en particular, el juez deberá examinar si se justifica una restricción razonable y podrá conocer los datos de modo directo, asegurando su confidencialidad. Las costas se impusieron al Estado. El vicepresidente de la Corte, Carlos Fernando Rosenkrantz, votó en disidencia: adhirió al dictamen de la Procuradora Fiscal, que consideraba razonable la restricción para prevenir la identificación indirecta de los alumnos y la estigmatización, y propuso revocar la sentencia.
Conceptos jurídicos aplicados
Por qué es relevante
El fallo aplica el estándar de máxima divulgación de la ley 27.275 a un tipo de información que el Estado había tratado como reservada por reglamentación del Consejo Federal de Educación. La Corte exigió que las restricciones estén fijadas por ley formal y que el organismo demuestre que son necesarias y proporcionales: citar en abstracto una norma general que habilitaría una excepción no alcanza como respuesta a un pedido de información. Interpretó además que el artículo 97 de la ley 26.206 prohíbe difundir resultados que identifiquen instituciones solo si ese impedimento es necesario para evitar la estigmatización, y que la carga de probarlo recae en el Estado.
Para la práctica, la sentencia abre la puerta a pedir y a litigar por los resultados de evaluaciones educativas desagregados por establecimiento: la Corte los presentó como un instrumento de control social sobre las políticas de igualdad educativa, y no como una herramienta para armar rankings. A la vez, deja un límite claro: la entrega debe resguardar la intimidad y el honor de alumnos y docentes, con especial tutela de los menores, y su alcance concreto se define en la etapa de ejecución. El pronunciamiento ya fija una pauta para otros organismos que invocan reserva por "estigmatización" sin acreditar un daño específico.
Fuente: Diario Judicial — Expediente FSA 517/2019/CS1 — "A. O., R. A. c/ Ministerio de Educación Cultura Ciencia y Tecnología de la Nación s/ amparo ley 16.986". Esta nota es un resumen informativo elaborado por Nino Legal; no constituye asesoramiento legal. Cómo elaboramos las novedades.
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