La Corte rechazó una demanda colectiva contra YPF por precios del gas licuado: la clase de consumidores no estaba bien determinada

Qué pasó

Una asociación civil de usuarios y consumidores, Unión de Usuarios y Consumidores, demandó colectivamente por los reclamos resarcitorios derivados de los precios que YPF habría cobrado en exceso por el gas licuado de petróleo (GLP). La cámara hizo lugar a la demanda al considerar que YPF se había valido de su posición dominante en el mercado interno de GLP para imponer precios excesivos y discriminatorios.

La Corte Suprema dejó sin efecto esa sentencia y rechazó la demanda. Analizó en primer lugar la legitimación de la actora, que había dicho representar a una clase indefinida de usuarios y consumidores, afectados de modo masivo y disperso por las sumas cobradas en exceso, lo que dificultaba obtener medios efectivos de resarcimiento de manera individual. El Tribunal señaló que los vagos términos de la demanda impedían identificar el grupo o clase afectada y, por lo tanto, determinar los efectos comunes del hecho dañoso o si el acceso a la justicia estaría comprometido de no admitirse la acción colectiva.

Agregó que el universo de situaciones que la actora pretendía abarcar era excesivamente vasto y heterogéneo, porque se trataba de presuntos consumidores que habrían comprado GLP en comercios de todo el país. Concluyó que no se podía tener por corroborada, con una certeza mínima, la existencia de efectos comunes que, conforme a la doctrina de "Halabi" (Fallos: 332:111), habilitaran la vía intentada. Finalmente, puntualizó que las distintas estrategias de venta que pudo haber adoptado cada intermediario impedían afirmar que la conducta imputada a la demandada tuviera idénticas consecuencias para todos los consumidores del país que se pretendía representar.

Conceptos jurídicos aplicados

Por qué es relevante

El fallo aplica con rigor el estándar de "Halabi" para las acciones de clase sobre derechos individuales homogéneos: no alcanza con invocar una afectación masiva, hay que identificar el grupo y acreditar, al menos con certeza mínima, que existe un hecho único o complejo que causa una lesión a todos y que los efectos comunes predominan sobre los individuales.

La Corte recordó además que la insuficiencia en la determinación del conjunto de perjudicados le impide al juez delimitar los alcances subjetivos del proceso y de la cosa juzgada. Es un punto práctico para quienes promueven demandas colectivas de consumo: una clase definida como todos los consumidores del país, con cadenas de comercialización y estrategias de venta distintas, corre riesgo de ser rechazada aunque la cámara haya tenido por acreditada la conducta de fondo.

El caso muestra que la Corte puede revisar la procedencia de la vía colectiva aun después de una sentencia de fondo favorable, y que el control de los requisitos de admisibilidad de la clase no se agota al inicio del proceso. Para las asociaciones de consumidores, implica delimitar con precisión el colectivo representado y el hecho común que se invoca desde la demanda.

Fuente: Corte Suprema de Justicia de la Nación (Secretaría de Jurisprudencia) — Expediente FLP 007102/2004/CS001. Esta nota es un resumen informativo elaborado por Nino Legal; no constituye asesoramiento legal. Cómo elaboramos las novedades.