Olavarría: condenan a un banco y a toda la cadena de pago a pagar más de $11,5 millones por 163 consumos de tarjeta que el cliente no hizo
El Juzgado en lo Civil y Comercial n.º 2 de Olavarría hizo lugar a la demanda de un consumidor contra el banco emisor, la procesadora y una firma vinculada a la tarjeta: las empresas atribuyeron los consumos al cliente, pero no aportaron los datos para la pericia informática que podía probarlo.
Qué pasó
Un consumidor demandó al banco emisor de sus tarjetas de crédito, a la procesadora de pagos y a una firma vinculada a la tarjeta, porque en su resumen aparecieron 163 consumos que no hizo: compras en plataformas digitales, juegos, servicios de contenidos y comercios en línea. Los cargos comenzaron en marzo de 2019, incluyeron 29 consumos en moneda extranjera en mayo y 41 operaciones en junio, siguieron en julio, agosto y septiembre por servicios digitales y se extendieron a la segunda tarjeta vinculada a la misma cuenta. El cliente reclamó en la sucursal, hizo una denuncia penal y un reclamo ante la oficina municipal de defensa del consumidor en septiembre de 2019, pero los débitos continuaron. Una de las compañías reconoció parte de los consumos de julio a septiembre, aunque, según el demandante, no hubo devolución efectiva.
Las demandadas sostuvieron que las compras las había hecho el propio cliente. La pericia informática, que podía determinar el origen de las operaciones, no se completó porque no entregaron la información técnica requerida, y la jueza las declaró negligentes en la producción de esa prueba. La firma vinculada a la tarjeta planteó falta de legitimación pasiva, que fue rechazada.
El juzgado condenó a las tres demandadas, en forma solidaria, a pagar $11.536.964,38 más intereses: $1.536.964,38 por daño material (la demanda reclamaba $2.586.964,38, con los consumos en dólares calculados a una cotización posterior), $5.000.000 por daño moral y $5.000.000 por daño punitivo. Rechazó el daño psicológico porque no se produjo la pericia correspondiente. Las costas quedaron a cargo de las demandadas y la regulación de honorarios fue diferida.
Conceptos jurídicos aplicados
Por qué es relevante
El fallo aplica el deber de seguridad a quienes emiten, administran y procesan tarjetas: deben brindar seguridad a los usuarios y responder ante fallas en sus mecanismos de control. Con la normativa de defensa del consumidor, el juzgado entendió que responde toda la cadena de prestación, de modo que ninguna de las empresas puede escudarse en que no fue la emisora o en que su intervención fue parcial. Las disputas internas sobre quién debe soportar finalmente el pago quedan para acciones posteriores entre las propias empresas.
En materia probatoria, el peso recayó en quien tenía la información. Atribuir los consumos al cliente sin respaldo, y no aportar los datos que permitían la pericia informática, se tradujo en una conclusión adversa para las demandadas. Para la práctica, es un precedente útil para reclamar en casos de consumos desconocidos: conviene ofrecer la pericia informática, intimar a las empresas a entregar los registros de las operaciones y dejar constancia de cada reclamo.
Además, el juzgado fundó el daño moral en la prolongación de los reclamos sin que cesaran los débitos ni se restituyeran los montos, y el daño punitivo en la falta de una respuesta adecuada y en haber imputado las compras al cliente sin prueba. Se trata de una sentencia de primera instancia, sujeta a eventual apelación.
Fuente: Derecho en Zapatillas. Esta nota es un resumen informativo elaborado por Nino Legal; no constituye asesoramiento legal. Cómo elaboramos las novedades.
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