Comisiones médicas: la Sala III de la Cámara del Trabajo reiteró, con el voto de una sola jueza, la inconstitucionalidad del trámite obligatorio y ordenó una pericia médica
En una interlocutoria del 30 de junio de 2026, la Sala III revocó la decisión que había declarado desierto el recurso de una trabajadora contra una comisión médica y ordenó producir prueba médica. La inconstitucionalidad la sostuvo la jueza Cañal; el juez Perugini dejó a salvo su opinión en contrario y adhirió solo a las medidas de prueba.
Qué pasó
Una trabajadora inició en junio de 2025 el trámite administrativo ante la comisión médica por el rechazo de una contingencia de accidente o enfermedad profesional. Con el dictamen del 7 de noviembre de 2025 del Servicio de Homologación de la Comisión Médica Nº 10 se determinó que las dolencias denunciadas (higroma crónico de las sinoviales de las rodillas y tendinitis aquiliana) no eran profesionales: en un caso por no cumplir los requisitos del decreto 658/96 y en el otro por no haberse demostrado la exposición al agente de riesgo. La trabajadora apeló esa decisión el 2 de diciembre de 2025 y ofreció prueba. El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 6 declaró desierto su recurso en los términos del artículo 14 de la ley 27.348.
La actora apeló y planteó que de nada sirve una etapa judicial si se limita a revisar una etapa administrativa sin juez natural, sin debido proceso y sin posibilidad de ofrecer y producir prueba. La Sala III revocó la decisión de primera instancia y atendió el recurso. En el punto I de la parte resolutiva declaró la inconstitucionalidad del procedimiento administrativo obligatorio y excluyente regulado en el artículo 1 y concordantes de la ley 27.348, con remisión al voto de la jueza Diana R. Cañal.
La Sala ordenó a la aseguradora acompañar en 15 días los exámenes preocupacional, los periódicos y, si correspondiera, el de egreso, aunque ya estuvieran en el expediente administrativo, bajo apercibimiento de resolver con las constancias de autos. También dispuso sortear un perito médico legista y, una vez aceptado el cargo, remitir las actuaciones a primera instancia para que produzca la prueba y dicte sentencia, a fin de preservar la doble instancia. El tribunal no resolvió si la enfermedad es profesional o inculpable. Las costas y los honorarios quedaron diferidos.
El juez Alejandro H. Perugini adhirió únicamente a la designación del perito médico legista y al requerimiento de documentación a la demandada, por razones de practicidad: señaló que en casos similares el criterio mayoritario del tribunal lleva casi invariablemente a designar un perito. Dejó a salvo su opinión en contrario respecto de la pretendida inconstitucionalidad del trámite y de los requisitos para la apertura del recurso. Sostuvo además que la necesidad de un recurso judicial amplio no supone, por sí sola, un nuevo examen médico ante la mera disconformidad del recurrente, que debe formular la crítica de lo resuelto como lo exige la reglamentación.
Conceptos jurídicos aplicados
Por qué es relevante
El fallo no fija doctrina nueva ni es unánime. La postura de la jueza Cañal proviene de un precedente de la propia Sala III del 3 de diciembre de 2021, dictado después de "Pogonza" de la Corte Suprema (2 de septiembre de 2021), que la jueza transcribe y reitera. Allí sostiene que las comisiones médicas no satisfacen las exigencias de independencia e imparcialidad y que la revisión judicial prevista no permite debatir plenamente hechos y derecho, y declara inconstitucional el procedimiento obligatorio ante las comisiones médicas de los artículos 1, 2, 3, 14 y 15 y concordantes de la ley 27.348.
El voto agrega que, cuando está en juego la salud de un trabajador, no corresponde aplicar de modo automático normas meramente adjetivas que restrinjan el acceso a la justicia, y recurre al principio de la verdad jurídica objetiva con cita de "Colalillo" de la Corte Suprema. Sobre esa base abre la causa a prueba y ordena medidas para mejor proveer.
Para la práctica, el fallo es una interlocutoria que muestra cómo trata la Sala III el recurso de la ley 27.348 cuando el juzgado lo declara desierto: la revoca, ordena documentación a la aseguradora y una pericia médica sorteada en la Alzada, y devuelve las actuaciones para sentencia en primera instancia. La sentencia la firmaron dos jueces: la declaración de inconstitucionalidad se apoya solo en el voto de Cañal, mientras que la producción de prueba cuenta también con la adhesión de Perugini, que no comparte el planteo constitucional.
Fuente: SAIJ — Expediente CNT 375/2026/CA1. Esta nota es un resumen informativo elaborado por Nino Legal; no constituye asesoramiento legal. Cómo elaboramos las novedades.
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