Le diagnosticaron cáncer de colon después de firmar la declaración jurada y la prepaga lo dio de baja: un juzgado federal ordenó reincorporarlo

Qué pasó

Un afiliado inició en mayo de 2026 el trámite de ingreso a un plan de una empresa de medicina prepaga, firmó la declaración jurada de salud el 9 de junio y recibió el alta administrativa el 1 de julio. Según relató, durante mayo había tenido molestias digestivas; una tomografía mostró un engrosamiento del colon y, tras una videocolonoscopía con biopsias, el 23 de junio se informó un adenocarcinoma intramucoso. Cuando la clínica pidió autorizar la hemicolectomía izquierda laparoscópica, la prepaga la negó por una supuesta "irregularidad administrativa", y el afiliado afrontó el costo de la cirugía, realizada el 7 de julio. El 13 de julio recibió una carta documento con la rescisión del contrato.

La empresa invocó el art. 9 de la ley 26.682: sostuvo que el afiliado había falseado la declaración jurada al omitir antecedentes vinculados con la enfermedad, y que esa causal permite rescindir sin cumplir ningún requisito previo. El afiliado promovió un amparo (ley 16.986) con medida cautelar innovativa para que se anulara la rescisión, se lo reincorporara al plan, se le diera cobertura integral de las prestaciones derivadas del adenocarcinoma y se le reintegraran los gastos de la cirugía. La cautelar fue rechazada al inicio y la causa siguió su trámite con el informe de la demandada.

El juzgado hizo lugar parcialmente al amparo. Ordenó a la prepaga reincorporar al afiliado y darle las prestaciones del plan en el que estaba, sin valor diferencial alguno por patologías preexistentes. Rechazó el pedido de prestaciones genéricas y el de reintegro de los gastos de la cirugía. Las costas se impusieron 70% a la demandada y 30% al actor, y se regularon honorarios de 21 UMA para la abogada de la parte actora ($ 2.225.811) y de 20 UMA para el abogado de la demandada ($ 2.119.820).

Conceptos jurídicos aplicados

Por qué es relevante

El fallo aplica con rigor el esquema de la ley 26.682: la falsedad de la declaración jurada es una causal de rescisión, pero el art. 9 del decreto 1993/2011 exige que la empresa acredite que el usuario no obró de buena fe en los términos del art. 961 del Código Civil y Comercial. El juzgado, con cita de un dictamen de la Procuración General de la Nación, entendió que no alcanza con verificar una omisión: hay que probar que el afiliado conocía realmente la patología, o algún diagnóstico preliminar relacionado, antes del alta. Como en el expediente no había ninguna prueba que demostrara fehacientemente una omisión deliberada, la rescisión se consideró manifiestamente arbitraria. Se citó además lo resuelto por la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná en un caso análogo.

En la práctica, la sentencia refuerza que las preexistencias sólo pueden surgir de la declaración jurada (art. 10 de la ley 26.682) y no pueden ser motivo de rechazo de la admisión, y que la carga de probar la mala fe del afiliado es de la empresa. Para quienes asesoran a afiliados, el eje probatorio pasa por la fecha y el contenido de los estudios y del diagnóstico respecto del alta; para las prepagas, por documentar la mala fe y no sólo la omisión.

El rechazo del reintegro sigue la línea de que el amparo es una vía excepcional y residual: como la prestación ya se había realizado, el recupero de lo pagado es una cuestión patrimonial que debe discutirse por la vía procesal ordinaria, y se cita en ese sentido un precedente del Tribunal de Alzada. También se desestimó la cobertura genérica de prestaciones futuras sin base probatoria, con el argumento de que las empresas conservan facultades mínimas de control al autorizar prácticas. Queda abierto para el afiliado reclamar el costo de la cirugía en un proceso de conocimiento.

Fuente: Diario Judicial — Expediente 10109/2026. Esta nota es un resumen informativo elaborado por Nino Legal; no constituye asesoramiento legal. Cómo elaboramos las novedades.