La Corte Suprema dejó sin efecto el rechazo de un amparo por educación inclusiva: un trámite administrativo ya concluido no vale como vía previa

Qué pasó

Una madre promovió, en representación de su hija adolescente titular de un certificado de discapacidad, una acción de amparo contra el Consejo General de Educación de Entre Ríos. Pidió que se ordenara el cese de la conducta que le negaba el derecho a la educación inclusiva y que se implementara un Proyecto Pedagógico Individual (PPI) que garantizara su trayectoria educativa completa. El juzgado de familia de primera instancia hizo lugar al amparo y ordenó al organismo elaborar un PPI en veinte días corridos, conforme a la resolución 3750/2021 del Consejo, al considerar que la propuesta que se le había ofrecido a la joven (cursar cuatro materias, alrededor de una hora diaria) no cumplía los recaudos mínimos de la normativa local.

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos revocó esa decisión y rechazó el amparo, por mayoría de tres jueces que coincidieron en que se verificaba la causal de inadmisibilidad del artículo 3, inciso b, de la ley provincial 8369: existía un procedimiento administrativo en trámite sobre la misma cuestión, que consideraron una vía clara e idónea, y la actora había optado por abandonarla para recurrir a un remedio excepcional. Contra esa sentencia la madre interpuso recurso extraordinario federal y, denegado este, acudió en queja ante la Corte Suprema.

La Corte, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, hizo lugar a la queja, declaró admisible el recurso extraordinario y dejó sin efecto la sentencia, con costas, tras la intervención del Defensor General Adjunto de la Nación. Remitió las actuaciones al tribunal de origen para que dicte un nuevo pronunciamiento con la premura que la cuestión amerita, de modo que no resolvió el fondo del amparo. El voto de la mayoría (Rosatti y Rosenkrantz) señaló que el expediente administrativo no lo inició la actora, no era contencioso y estaba concluido: las propias autoridades habían dejado asentado que ya se le habían presentado a la tutora todas las propuestas del sistema educativo local. Por eso, no se advertía qué resolución podría dictarse para agotar esa vía ni qué utilidad tendría seguir con ese trámite. Lorenzetti adhirió al resultado con un voto propio.

Conceptos jurídicos aplicados

Por qué es relevante

El fallo recuerda que la causal provincial que impide el amparo cuando hay otra acción o recurso pendiente no puede aplicarse de forma ritual ni en abstracto: hay que analizar, en el caso concreto, si la vía alternativa es realmente útil para proteger los derechos en juego. La Corte citó su doctrina según la cual el amparo tiene por objeto la protección efectiva de derechos y no el resguardo de competencias, y le reprochó al tribunal provincial haber hecho un examen fragmentario y apoyar su decisión en afirmaciones dogmáticas, sin explicar qué otra vía judicial idónea tenía la actora. Recordó además que el artículo 43 de la Constitución Nacional habilita el amparo siempre que no exista otro medio judicial más idóneo.

Además, la Corte admitió el recurso pese a que, en principio, el rechazo de un amparo no es sentencia definitiva, porque lo equiparó a definitivo al causar un agravio de imposible o dificultosa reparación ulterior: la joven llevaba meses sin escolarización efectiva. En su voto, Lorenzetti desarrolló que el derecho a la educación es operativo y confiere a su titular una pretensión jurídica de implementación, con mayor intensidad cuando se trata de una persona menor de edad y con discapacidad, y sostuvo que el criterio de excepcionalidad del amparo no es admisible cuando se defienden derechos fundamentales en procesos urgentes. Citó la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley de Educación Nacional.

En la práctica, quien reclama una escolarización inclusiva puede plantear el amparo aunque haya un trámite administrativo concluido, siempre que muestre que ese trámite no ofrece una solución idónea y oportuna. Y los tribunales que declaren inadmisible la vía por existir una alternativa tienen que fundar por qué esa alternativa es efectiva frente a la urgencia del derecho afectado.

Fuente: Diario Judicial — Expediente A., L. P. c/ Consejo General de Educación de Entre Ríos s/ acción de amparo (CSJ 3313/2025/RH1). Esta nota es un resumen informativo elaborado por Nino Legal; no constituye asesoramiento legal. Cómo elaboramos las novedades.