La Corte Interamericana condenó a la Argentina por la destitución del ex ministro de la Corte Suprema Eduardo Moliné O’Connor: se lo removió por su criterio jurídico

Qué pasó

En 2003, tras los cuestionamientos del Poder Ejecutivo a la llamada "mayoría automática" de la Corte Suprema, el Congreso inició juicios políticos contra miembros del tribunal. La Cámara de Diputados acusó por mal desempeño a Eduardo Moliné O’Connor, entonces ministro de la Corte, en base a decisiones que había adoptado en tres causas judiciales de gran repercusión. El Senado rechazó sus recusaciones contra legisladores, lo suspendió sin goce de haberes y el 3 de diciembre de 2003 lo destituyó por 45 votos sobre 64. En 2004 el Ministerio de Desarrollo Social le revocó la pensión vitalicia y sus recursos judiciales quedaron sin una respuesta adecuada.

El 20 de agosto de 2026 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, integrada por Rodrigo Mudrovitsch, Patricia Pérez Goldberg, Ricardo C. Pérez Manrique, Nancy Hernández López, Alberto Borea Odría y Diego Moreno Rodríguez, declaró la responsabilidad internacional del Estado argentino. Por unanimidad, consideró violados los derechos a las garantías judiciales y a los derechos políticos (arts. 8.1 y 23.1.c), a la protección judicial (art. 25.1), a la propiedad privada (art. 21) y la garantía del plazo razonable (art. 8.1), todos en relación con el art. 1.1 de la Convención Americana. Por cuatro votos contra dos, también declaró violados los derechos al trabajo y a la seguridad social (art. 26), y por tres votos a favor y tres parcialmente en contra, la afectación al proyecto de vida.

El tribunal consideró que la imputación de mal desempeño no se basó en conductas ilícitas o irregularidades, sino en el desacuerdo del Congreso con los criterios jurídicos de la Corte Suprema, lo que constituyó un serio menoscabo a la independencia judicial. Agregó que el proceso careció de garantías por el rechazo de las recusaciones, la falta de fundamentación y la suspensión preventiva sin goce de haberes.

Como reparaciones, ordenó regularizar el régimen de la pensión que correspondía a Moliné O’Connor, publicar y difundir la sentencia y su resumen oficial, y pagar USD 600.000 por daño material (lucro cesante) y USD 25.000 por daño inmaterial, repartidos entre su cónyuge y sus hijos (falleció en 2014), más USD 30.000 por costas y gastos a sus representantes. Además, dispuso que las autoridades internas apliquen el artículo 53 de la Constitución argentina con respeto al debido proceso, la independencia judicial y los derechos políticos.

Conceptos jurídicos aplicados

Por qué es relevante

La sentencia refuerza el estándar interamericano según el cual un juez no puede ser removido por el contenido de sus decisiones: la discrepancia con un criterio jurídico se canaliza por la vía recursiva, no por el juicio político. La protección es todavía más intensa cuando se trata de jueces de cortes supremas, por el rol que cumplen en el control de constitucionalidad y la división de poderes.

También fija pautas sobre el debido proceso en los juicios políticos a magistrados: acusación fundada en conductas concretas, tratamiento serio de las recusaciones, tiempo adecuado para la defensa y proporcionalidad de la suspensión preventiva. La orden de interpretar el artículo 53 de la Constitución conforme a la Convención proyecta estos requisitos sobre futuros procesos de remoción.

En la práctica, el caso es un antecedente para cuestionar remociones de jueces y funcionarios con garantías de estabilidad, y para reclamar por la pérdida de beneficios previsionales vinculados al cargo. Para el Estado argentino implica obligaciones concretas de reparación económica y de regularización previsional, sujetas a la supervisión de la Corte IDH.

Fuente: Diario Judicial — Expediente Caso Moliné O’Connor Vs. Argentina (Fondo, Reparaciones y Costas). Esta nota es un resumen informativo elaborado por Nino Legal; no constituye asesoramiento legal. Cómo elaboramos las novedades.