Causa $LIBRA: el juez federal Martínez De Giorgi sobreseyó a Javier y Karina Milei y a otros nueve investigados

Qué pasó

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8, sobreseyó el 23 de octubre de 2026 a Javier Milei, a Karina Milei y a otros nueve investigados en la causa que se inició por la promoción y el posterior colapso del token $LIBRA, a partir de un mensaje publicado por el Presidente en la red X en febrero de 2025.

La resolución, de unas 60 páginas, se apoyó en el artículo 336, inciso 3°, del Código Procesal Penal de la Nación: los hechos no encuadran en una figura legal. El juez analizó la posible estafa, el abuso de autoridad, la violación de los deberes de funcionario público, las negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y, respecto de Karina Milei, el tráfico de influencias. Sostuvo que la publicación presidencial y la suba y caída de la cotización no bastaban, por sí solas, para acreditar un engaño penalmente relevante; que no se hallaron actos administrativos irregulares, compromisos institucionales ni uso de recursos públicos vinculados con el token; y que la trazabilidad de los fondos no demostró pagos indebidos a funcionarios ni una intermediación remunerada ilegítima. Tomó en cuenta además que la Oficina Anticorrupción había considerado que la publicación en X no fue un acto institucional.

El fiscal federal Eduardo Taiano había pedido el sobreseimiento por entender que no estaban acreditados los elementos de los delitos, y el juez consideró que ese dictamen estaba fundado, era legal y razonable. Ninguno de los once investigados fue citado a indagatoria, y el juez entendió que eso no impedía sobreseer. También dejó constancia de que la formación del proceso no afecta el buen nombre y honor de los imputados. La resolución también repasó que el pedido de cooperación a Estados Unidos para congelar 44.593.888,562 USDC de una billetera vinculada al token se cerró porque ese país consideró insuficientes los elementos aportados.

Es un sobreseimiento de primera instancia, recurrible ante la Cámara Federal, y las actuaciones se archivarían una vez que quede firme. Antes, la Cámara Federal había confirmado el apartamiento de cinco inversores como querellantes (4 de septiembre de 2026) y declaró inadmisibles los recursos de casación de cuatro inversores (28 de septiembre de 2026), y el mismo juzgado había ordenado congelar 25 billeteras de criptoactivos en julio de 2026.

Conceptos jurídicos aplicados

Por qué es relevante

La resolución cierra en primera instancia la hipótesis penal central de la causa: que el mensaje de un presidente promocionando un criptoactivo, seguido de un desplome, constituya por sí solo una estafa o un delito contra la administración pública. El juez exige acreditar un engaño concreto y un vínculo con actos o recursos del Estado, y no se conforma con la difusión pública del mensaje ni con la pérdida de los inversores.

Para la práctica, el fallo marca el estándar con el que se analizan las conductas de funcionarios en redes sociales: la Oficina Anticorrupción y el juzgado distinguieron entre una expresión personal y un acto institucional, y sin actos de gobierno ni uso de fondos públicos no vieron negociaciones incompatibles ni abuso de autoridad. También muestra el peso del dictamen fiscal en el sistema del Código Procesal Penal de la Nación, donde el pedido de sobreseimiento del fiscal sostiene la decisión del juez de instrucción.

Como no está firme, el desenlace depende de si hay apelación y de lo que resuelva la Cámara Federal, la misma que ya había confirmado el apartamiento de cinco inversores como querellantes.

Fuente: Palabras del Derecho — Expediente CFP 772/2025. Esta nota es un resumen informativo elaborado por Nino Legal; no constituye asesoramiento legal. Cómo elaboramos las novedades.