El logo no demuestra relación laboral: la Cámara del Trabajo de Bariloche rechazó la demanda de un repartidor que usaba su camioneta ploteada con la marca de una empresa de logística

La Cámara Segunda del Trabajo de Bariloche, por mayoría y tras un reenvío del Superior Tribunal, entendió que las empresas desvirtuaron la presunción del art. 23 de la LCT: el repartidor aportaba su vehículo, asumía los gastos, cobraba por entrega y se organizaba como fletero. El ploteo y el uniforme no alcanzaron para acreditar dependencia.

Fecha12 de noviembre de 2026
TribunalCámara Segunda del Trabajo de la Tercera Circunscripción Judicial de Río Negro, San Carlos de Bariloche
MateriaLaboral

Qué pasó

Un repartidor demandó a una conocida empresa de logística y correo privado y a otra sociedad del mismo grupo. Sostuvo que desde marzo de 2021 trabajó sin registro, que cumplía un horario de lunes a sábados de 10 a 18, que recibía órdenes de un gerente y que usaba su propia camioneta utilitaria, ploteada con la identificación de la empresa, y ropa de la empresa. Tras intimar a registrar la relación, se consideró despedido en marzo de 2024 y reclamó $13.379.600 por indemnizaciones, preaviso, haberes, vacaciones, SAC y multas, con intereses y costas.

Las demandadas respondieron que el vínculo era un contrato de transporte de cargas con un fletero autónomo, con tarifa por servicio, vehículo, seguro, combustible y mantenimiento a cargo del actor, sin exclusividad ni prestación personal obligatoria. Ya existía una sentencia anterior, que el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro dejó sin efecto en julio de 2026 al hacer lugar a un recurso de inaplicabilidad de ley, y ordenó dictar un nuevo pronunciamiento. La Cámara, integrada por subrogantes legales, lo dictó el 12 de noviembre de 2026.

La jueza Alejandra Elizabeth Autelitano, a cuyo voto adhirió el juez Juan Alberto Lagomarsino De Leon, rechazó la demanda. Aplicó el art. 23 de la LCT con la redacción vigente durante la relación y consideró que las demandadas lograron desvirtuar la presunción. Tuvo por acreditado que el actor afectó un vehículo de su propiedad y asumió combustible, mantenimiento, seguros e impuestos, que cobraba una retribución variable por entrega mediante facturas de monotributo, que no cumplía una jornada rígida ni estaba sujeto a poder disciplinario, que podía ser reemplazado por otro transportista, que no había exclusividad y que durante más de tres años actuó como fletero sin reclamar. Dijo que el ploteo y la indumentaria no son decisivos por sí solos: los consideró estándares de seguridad e identificación, y los informes de entidades del sector indicaron que es habitual que el fletero lleve los colores de quien lo contrata.

El juez Juan Pablo Frattini votó en disidencia: entendió que la prueba justificaba reconocer una relación de trabajo con la empresa de logística y correo, por la inserción del actor en el circuito de distribución, la preparación colectiva de la carga y la organización de los reemplazos por la empresa, y rechazaba la acción contra la otra sociedad. Las costas se impusieron al actor, pero se lo eximió totalmente de pagarlas, por considerar que pudo creerse con mejor derecho a litigar. La Cámara reguló honorarios sobre una base de $24.923.900,25, calculada con intereses según el art. 55 de la ley 27.802.

Conceptos jurídicos aplicados

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Por qué es relevante

El fallo muestra cómo se resuelve la zona gris entre el repartidor dependiente y el transportista autónomo. La mayoría partió de que la presunción del art. 23 de la LCT admite prueba en contrario y de que la clave es la subordinación jurídica, siguiendo la doctrina del Superior Tribunal de Río Negro en "Lebed" y los precedentes de la Corte Suprema "Rica" y "Harlap". Pesaron el capital aportado, el riesgo asumido, la retribución por resultado, la sustituibilidad y la conducta concordante de las partes durante años, y no el ploteo ni el uniforme.

Sobre el derecho aplicable, la Cámara juzgó la relación con el art. 23 de la LCT en la redacción vigente a la fecha de existencia y extinción del vínculo, y no con las reformas de la ley 27.742 ni de la ley 27.802. Ambos votos coincidieron en ese punto, y la actualización de los créditos según el art. 55 de la ley 27.802 se aplicó solo a los accesorios. La disidencia, en cambio, valoró los mismos hechos como inserción en una organización ajena, lo que refleja lo discutible del caso.

En la práctica, quien presta servicios con vehículo propio para una empresa de logística tendrá más chances de que se reconozca la relación si puede probar que carecía de autonomía real: horarios y tareas dirigidos, reemplazos manejados por la empresa, falta de clientela propia. Para las empresas, el fallo confirma que la contratación de fleteros es válida, pero deben poder acreditar que el vínculo funcionó como un servicio de transporte y no como trabajo subordinado. La sentencia puede ser recurrida ante el Superior Tribunal.

Fuente: Diario Judicial — Expediente BA-01053-L-2024. Esta nota es un resumen informativo elaborado por Nino Legal; no constituye asesoramiento legal. Cómo elaboramos las novedades.

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