Santa Fe creó un registro obligatorio para quienes compran, venden o reparan celulares usados y habilitó a la Policía a pedir el IMEI en la calle
La Ley 14.495 de Santa Fe, publicada en el Boletín Oficial el 18 de noviembre, crea el Sistema Provincial de Intervención de los Mercados Ilícitos de Dispositivos Tecnológicos: registro de operadores con trazabilidad por IMEI, fiscalización con multas y clausuras, y reforma de la Ley Orgánica de la Policía y del Código Procesal Penal.
Qué pasó
La Legislatura de Santa Fe sancionó el 5 de noviembre de 2026 la Ley 14.495, a partir de un mensaje del Poder Ejecutivo. El gobernador la promulgó el 16 de noviembre por el Decreto 2464/2026 y se publicó en el Boletín Oficial el 18 de noviembre. Crea el Sistema Provincial de Intervención de los Mercados Ilícitos de Dispositivos Tecnológicos, con el Ministerio de Justicia y Seguridad como autoridad de aplicación.
El Título II crea el Registro Provincial de Comercialización de Celulares y Dispositivos Afines. Deben inscribirse las personas humanas o jurídicas que compren, vendan, permuten, acopien, reparen, reacondicionen o comercialicen celulares usados, sus partes o repuestos, incluidas las operaciones por plataformas digitales, sitios web y redes sociales, sea como actividad principal o accesoria, permanente o habitual. Las municipalidades deberán exigir la constancia de inscripción como condición para otorgar las habilitaciones comerciales. Cada operador debe asentar el IMEI o identificador equivalente, marca, modelo, color, número de serie y estado funcional de cada equipo que tenga a la venta; los datos personales del vendedor, con exhibición obligatoria del DNI vigente; la modalidad de la operación, el precio, la fecha y el número de comprobante; y, para partes o repuestos usados, el IMEI del dispositivo de origen. Al comprar o recibir un equipo usado debe verificar si tiene denuncia, bloqueo o requerimiento vigente, y si tiene denuncia de robo, hurto o extravío, carece de IMEI o está alterado, debe comunicarlo a la autoridad de aplicación y denunciarlo de inmediato ante el Ministerio Público de la Acusación. También debe resguardar la documentación sobre la titularidad o tenencia de todo aparato, parte o repuesto que haya en el local.
La autoridad de aplicación puede inspeccionar locales, depósitos y establecimientos en cualquier momento. La falta de documentación suficiente para acreditar la trazabilidad es un indicador objetivo de riesgo y habilita medidas preventivas por acto fundado: inmovilización de los bienes, clausura preventiva del establecimiento si la gravedad lo justifica e intervención inmediata del Ministerio Público de la Acusación si hay indicios de delito. Las infracciones se tramitan por un procedimiento sancionador con imputación, descargo y prueba en diez días hábiles y dictamen jurídico, y pueden terminar en apercibimiento, multa de 1 a 1.000 unidades Jus, decomiso de la mercadería, suspensión de la autorización para funcionar hasta 30 días o clausura.
Para las personas en general, el artículo 24 obliga a exhibir el identificador electrónico único de los dispositivos a requerimiento de autoridad competente. El artículo 25 incorpora el inciso j) al artículo 10 de la Ley Orgánica de la Policía: el personal puede pedir a cualquier ciudadano que exhiba el IMEI y verificar su situación registral, sin poder pedir ni explorar otra información, comunicaciones, archivos o datos del equipo; si la persona se niega, la Policía retiene el dispositivo y avisa de inmediato al Ministerio Público de la Acusación. El artículo 23 reforma el inciso 5 del artículo 170 del Código Procesal Penal para admitir los sistemas de geolocalización y rastreo como medio técnico para advertir a simple vista objetos relacionados con un delito dentro de un domicilio, siempre que permitan establecer su ubicación de manera precisa e inequívoca.
La ley todavía no tiene decreto reglamentario. El artículo 26 dispone que las obligaciones de inscripción y registro de operaciones se vuelven exigibles desde la fecha que fije la autoridad de aplicación por acto administrativo al habilitar el sistema registral, y desde ese momento los sujetos alcanzados tienen 90 días corridos para adecuarse, con difusión y capacitación previas.
Conceptos jurídicos aplicados
Por qué es relevante
Para comercios de celulares usados, talleres de reparación, reacondicionadores y quienes revenden por plataformas o redes, la ley instala un régimen de trazabilidad con riesgo concreto: equipos sin documentación de origen pueden ser inmovilizados y el local clausurado antes de cualquier sanción firme, además de la multa y el decomiso. Hasta que la autoridad de aplicación habilite el registro y corra el plazo de 90 días, la obligación de inscribirse no es exigible, pero conviene empezar a documentar el origen de cada equipo, de cada repuesto usado y la identidad de quien lo entrega, y verificar el IMEI antes de comprar.
Para quien asesora a un comerciante o a una persona a la que le retuvieron un equipo, los puntos para mirar son el procedimiento sancionador (diez días hábiles para el descargo y la prueba, reconsideración contra la denegatoria de medidas de prueba), el requisito de acto fundado para las medidas preventivas y los límites que la propia ley pone a la Policía: solo puede pedir el IMEI y verificarlo en los sistemas habilitados, sin acceder al contenido del teléfono. La retención ante la negativa a exhibirlo y la forma en que se aplicará en la calle son los aspectos que más discusión pueden generar y que deberá precisar la reglamentación.
La reforma del Código Procesal Penal incorpora la geolocalización de un objeto como forma de advertirlo a simple vista en un domicilio, y es un tema a seguir en eventuales planteos sobre la validez de ingresos a domicilios.
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe — Expediente Ley 14.495. Esta nota es un resumen informativo elaborado por Nino Legal; no constituye asesoramiento legal. Cómo elaboramos las novedades.
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