Procesan a José Luis Espert por lavado de activos, con embargo de $1.000 millones y prohibición de salir del país

El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli procesó al ex diputado por lavado de activos por los US$200.000 que recibió en 2020 de una firma vinculada a la red de Fred Machado. Es una decisión de la etapa de instrucción, no una condena, y puede apelarse ante la Cámara Federal de San Martín.

Fecha22 de octubre de 2026
TribunalJuzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Isidro
MateriaPenal Económico · Funcionarios Públicos · Procesal Penal

Qué pasó

El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli, a cargo del Juzgado Federal N° 2, procesó a José Luis Espert, ex diputado nacional, como presunto autor del delito de lavado de activos. La causa se originó en una transferencia de US$200.000 que Espert recibió en 2020 de una firma vinculada a la red del empresario Federico "Fred" Machado, detenido en Estados Unidos, quien aceptó declararse culpable de lavado y fraude. La investigación está a cargo del fiscal Fernando Domínguez.

En la misma resolución, el juez procesó como partícipe necesario del lavado al contador de Espert, que había firmado certificaciones de origen de fondos vinculadas a la compra de un auto de alta gama y a un fideicomiso, y a una sociedad familiar integrada por Espert y su esposa, cuyos asientos contables habrían inflado de manera ficticia los ingresos del ex legislador. Espert sostuvo que el pago correspondía a un trabajo de consultoría.

Como medidas, dispuso un embargo de $1.000 millones sobre Espert, de $700 millones sobre su contador y de $500 millones sobre la sociedad, y prohibió a Espert salir del país. No ordenó prisión preventiva. El juez descartó dos tramos de la acusación que no tuvo por probados: la seña por un lote en un emprendimiento inmobiliario y la parte en pesos del pago del auto.

Antes del procesamiento, la Cámara Federal de San Martín había rechazado dos planteos de la defensa: la nulidad de medidas de prueba impulsadas por el fiscal y la recusación del fiscal por pérdida de objetividad.

Conceptos jurídicos aplicados

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Por qué es relevante

El procesamiento es una decisión de la etapa de instrucción: el juez considera que hay elementos suficientes para sospechar que el delito existió y que la persona imputada participó, pero no se pronuncia sobre la culpabilidad. Rige el principio de inocencia y la causa todavía no llegó a juicio. La resolución puede apelarse ante la Cámara Federal de San Martín, que puede confirmarla, revocarla o modificarla. Recién si el caso se eleva a juicio oral un tribunal decidirá si hay condena o absolución.

Para la práctica, el auto muestra que en una causa de lavado la imputación no se limita a quien recibió los fondos: el juez también procesó como partícipe necesario al contador que firmó las certificaciones de origen de fondos y a la sociedad cuyos registros contables habrían inflado los ingresos del imputado. Es una advertencia concreta para los profesionales que certifican el origen de fondos o registran ingresos de sus clientes.

Las medidas muestran además el esquema habitual de la instrucción en estas causas: embargos sobre cada uno de los procesados y prohibición de salir del país, sin prisión preventiva. Los montos y el alcance de esas medidas también pueden discutirse en la apelación.

Fuente: iProfesional. Esta nota es un resumen informativo elaborado por Nino Legal; no constituye asesoramiento legal. Cómo elaboramos las novedades.

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