Una firma certificada después de la muerte del vendedor: Casación confirmó que la escribana no puede acceder a la probation por ser "funcionario público"

Qué pasó

La escribana Clara Emilse Luisa Yebra de Jorge certificó, en un Formulario 08 de transferencia de un automotor, la firma que se atribuía a Rogelio Norberto López como vendedor. El problema es cronológico: López ya había fallecido para el momento en que, según el documento, compareció ante la escribana a firmar. La causa quedó así centrada en la certificación de una firma materialmente imposible.

Imputada por falsedad documental, la escribana pidió acogerse a la suspensión del juicio a prueba (probation) prevista en el artículo 76 bis del Código Penal. El planteo fue rechazado, y la Cámara Federal de Casación Penal, a través de la Sala IV y por decisión unipersonal del juez Gustavo M. Hornos, confirmó ese rechazo.

El fundamento central del fallo es que el delito fue cometido "en el ejercicio de funciones públicas", supuesto que el propio artículo 76 bis excluye expresamente de la probation. Para sostenerlo, Casación tuvo que resolver primero si una escribana —profesional matriculada, no empleada estatal— encuadra en la noción penal de funcionario público.

La respuesta del tribunal fue afirmativa: el Código Penal no limita el concepto de funcionario público a quienes integran la estructura jerárquica de la administración estatal, sino que alcanza a quienes ejercen una función pública delegada por el Estado, como ocurre con la fe pública notarial. Bajo esa lectura, la certificación de firmas en un trámite reglado como el Formulario 08 es ejercicio de función pública, y el delito cometido en ese marco queda fuera del beneficio de la suspensión del juicio a prueba.

Conceptos jurídicos aplicados

Por qué es relevante

El fallo confirma una línea interpretativa que distingue el concepto penal de funcionario público del concepto administrativo. A los efectos del Código Penal, no importa si existe relación de empleo público ni encuadre en un escalafón estatal: alcanza con que la persona ejerza, por delegación del Estado, una función pública concreta. Los escribanos, al dar fe y certificar firmas, quedan comprendidos en esa noción aunque sean profesionales independientes matriculados en un colegio profesional.

La consecuencia práctica es severa para la actividad notarial: cualquier delito cometido en ejercicio de la función fedataria —falsedades instrumentales, certificaciones irregulares, adulteración de fechas o firmas— queda automáticamente fuera del régimen de suspensión del juicio a prueba, sin importar la escala penal ni las circunstancias personales del imputado, porque el artículo 76 bis excluye de plano los delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.

Para el ejercicio profesional notarial, el caso funciona como advertencia: la responsabilidad penal de un escribano por vicios en la certificación de firmas no se mide con la vara de un particular, sino con la de un funcionario público, lo que achica sensiblemente las salidas procesales disponibles frente a una imputación por falsedad documental.

Fuente: Diario Judicial. Esta nota es un resumen informativo elaborado por Nino Legal; no constituye asesoramiento legal. Cómo elaboramos las novedades.