Condenan a un colegio privado por negar la rematriculación de un alumno en represalia por el conflicto laboral con su madre
La Sala L de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil revocó el rechazo de primera instancia y condenó a la congregación religiosa titular del colegio a pagar $5.000.000 a un exalumno al que el colegio le negó la rematriculación como represalia por el conflicto laboral que mantenía con su madre, extrabajadora de la institución. El tribunal calificó la negativa como discriminatoria y encuadró el vínculo educativo como una relación de consumo.
Qué pasó
El caso (cita Microjuris MJJ160066) llegó a la Sala L de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, que dictó sentencia el 6 de mayo de 2026. Los actores eran los padres de un menor y, tras alcanzar la mayoría de edad durante el proceso, el propio hijo. El niño había cursado toda su escolaridad, desde el jardín, en un colegio privado, donde su madre trabajaba como docente de educación física hasta que fue despedida en 2018, lo que dio origen a un conflicto laboral entre ambos.
En 2020 la institución se negó a matricular a los hijos de la familia invocando una deuda de cuotas. Tras gestiones administrativas, los padres pagaron lo adeudado y firmaron un acuerdo que comprometía a los chicos a terminar ese año lectivo en el colegio. El 23 de octubre de 2020 la familia recibió una carta documento que negaba la rematriculación del menor para 2021, alegando nuevamente una supuesta deuda, pero mencionando de forma expresa que la familia había iniciado una demanda judicial contra la institución.
La jueza de primera instancia había rechazado la demanda por entender que los padres se habían comprometido a que su hijo finalizara la escolaridad en el establecimiento durante 2020, que no habían probado haber actuado bajo coacción, y que reclamar después vulneraba la doctrina de los actos propios. La Cámara revocó ese fallo: consideró que el contrato de prestación de servicios educativos privados es un contrato de consumo (art. 42 de la Constitución Nacional, ley 24.240 y arts. 1092 y siguientes del Código Civil y Comercial), que el menor era un subconsumidor que requería protección reforzada por su edad, y que la mención explícita del litigio laboral en la carta documento evidenciaba que la negativa a rematricularlo fue una represalia y no una razón económica genuina. El tribunal remarcó que el chico no tuvo participación en el conflicto entre los adultos, pero sufrió en forma directa la pérdida de su entorno escolar en los últimos años de secundaria.
La Cámara admitió la demanda del hijo (no así la de los padres, que no habían apelado el rechazo en su contra) y condenó a la congregación religiosa titular del colegio a pagar $5.000.000, compuestos por $3.000.000 en concepto de daño psíquico —tras detectar la pericia un trastorno adaptativo moderado con incapacidad permanente del 20%— y $2.000.000 por daño moral, por el impacto emocional del cambio abrupto de colegio en los últimos años del secundario. Rechazó, en cambio, el daño punitivo reclamado, al considerar que no se había acreditado una conducta deliberada ni una negligencia grosera de la institución. Fijó intereses desde octubre de 2020 y las costas de ambas instancias a cargo de la demandada.
Conceptos jurídicos aplicados
Por qué es relevante
El fallo consolida la calificación del contrato de prestación de servicios educativos privados como un contrato de consumo, lo que habilita una protección reforzada para el alumno en tanto subconsumidor vulnerable por su edad. Esa calificación desplaza al "derecho de admisión" que suelen invocar los establecimientos privados cuando la negativa a matricular o rematricular no está respaldada por razones objetivas comprobadas.
También fija un estándar probatorio relevante para los casos de represalia: la sola mención expresa del conflicto o el juicio en la comunicación que niega la rematriculación fue considerada prueba suficiente de que la verdadera motivación era discriminatoria, más allá de la razón económica invocada formalmente. Es un criterio que puede trasladarse a otros vínculos de consumo o contractuales donde la parte más fuerte invoca un motivo aparente para encubrir una represalia.
Por último, el fallo distingue con claridad el daño psíquico (por la incapacidad permanente acreditada pericialmente) del daño moral, como rubros autónomos y acumulables, y traza un límite para el daño punitivo: no alcanza con la discriminación en sí misma, hace falta acreditar una conducta deliberada o una negligencia grosera del establecimiento.
Fuente: Microjuris. Esta nota es un resumen informativo elaborado por Nino Legal; no constituye asesoramiento legal. Cómo elaboramos las novedades.
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