BBVA deberá devolver $9.600 millones a más de 620.000 clientes por cobros irregulares en la pandemia

Qué pasó

Durante la pandemia, el BCRA dictó la Comunicación "A" 6964 (abril 2020), que estableció condiciones específicas para la refinanciación automática de los saldos impagos de tarjetas de crédito: tasas tope y plazos mínimos. BBVA, según la demanda, aplicó intereses superiores a los permitidos y acortó los plazos de financiación por debajo de lo normado, trasladando un costo adicional a cientos de miles de clientes que en ese momento no podían cancelar sus resúmenes.

La Asociación Civil de Usuarios Bancarios Argentinos (ACUBA), representada por el abogado Ariel Vieira, promovió una acción colectiva que tramitó por más de seis años. El juzgado de primera instancia condenó al banco; la Sala III de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata confirmó la responsabilidad y fijó el monto total en $9.600 millones, que incluye el daño directo estimado en torno a $6.000 millones más un tramo de daño punitivo por la conducta masiva y deliberada de la entidad.

El fallo alcanza a más de 620.000 titulares de tarjetas BBVA que fueron afectados por los cobros irregulares durante la vigencia de las medidas de emergencia sanitaria. La sentencia también advirtió que bancos como Santander, HSBC y Galicia enfrentan demandas similares bajo la misma doctrina.

Conceptos jurídicos aplicados

Por qué es relevante

Es uno de los fallos de consumo de mayor impacto económico de la última década en Argentina: $9.600 millones distribuidos entre más de 620.000 afectados en una sola sentencia colectiva. La aplicación del daño punitivo sobre el daño base (relación aproximada de 1,6 a 1) manda una señal clara a las entidades financieras: las violaciones masivas y sistemáticas de normativa BCRA no son neutras en sede judicial.

El caso consolida la procedencia de las acciones colectivas de consumo contra bancos por incumplimiento de regulaciones del Banco Central. La Comunicación "A" 6964 no era una recomendación sino una norma obligatoria; el desvío de sus parámetros fue tratado como ilícito civil con daño patrimonial cuantificable en cada cuenta afectada.

Para el sistema financiero, el precedente es relevante porque obliga a revisar los procesos de implementación de emergencias regulatorias: si la entidad no puede demostrar que aplicó exactamente los topes normativos, la carga de la prueba recae sobre ella. Otras instituciones con conductas similares durante 2020 quedan expuestas a demandas análogas.

Fuente: iProfesional. Esta nota es un resumen informativo elaborado por Nino Legal; no constituye asesoramiento legal. Cómo elaboramos las novedades.