La Corte Suprema anuló una sentencia que ignoró la actualización del crédito y el trato indigno al consumidor en un caso de pasajes no utilizados por la pandemia

Qué pasó

Héctor D'Orazi adquirió pasajes aéreos a través de la plataforma Despegar.com.ar. Por las restricciones impuestas durante la pandemia de COVID-19, no pudo utilizarlos. Reclamó judicialmente la devolución del monto abonado —confirmado por peritaje contable en $ 82.221— junto con la actualización monetaria de esa suma (con planteo de inconstitucionalidad de la ley 23.928) y una multa por el trato desigual e indigno recibido como consumidor.

El Juzgado Comercial a cargo del juez Hernán Papa condenó a Despegar a pagar $ 76.218,20, una cifra inferior al valor nominal del pasaje acreditado en la causa, sin dar razón de la reducción ni pronunciarse sobre la actualización ni sobre la sanción por trato indigno. Ante esa sentencia, D'Orazi recurrió y la CSJN intervino.

Los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti calificaron el fallo de arbitrario por apartarse de las constancias comprobadas del expediente y por omitir el tratamiento de cuestiones sustanciales planteadas oportunamente por el actor. La Corte dejó sin efecto la sentencia y ordenó dictar un nuevo pronunciamiento.

Conceptos jurídicos aplicados

Por qué es relevante

El fallo reitera la doctrina de la arbitrariedad de sentencias en su variante de omisión de planteos conducentes: cuando un juez no da respuesta a argumentos que pueden ser decisivos para el resultado del litigio, la sentencia carece del requisito mínimo de fundamentación y resulta descalificable como acto jurisdiccional válido. En este caso la omisión era doble: la actualización monetaria y el trato indigno al consumidor quedaron sin respuesta.

La exigencia de pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de la ley 23.928 en el contexto inflacionario actual cobra especial relevancia. Varios tribunales vienen admitiendo ese planteo para repotenciar créditos de consumo que de otro modo quedan licuados. La Corte señala que ese argumento no puede ser ignorado sin motivación: omitirlo equivale a resolverlo en contra sin decirlo.

Para la práctica en relaciones de consumo, el precedente refuerza la obligación del juzgador de tratar expresamente cada reclamo autónomo del actor —actualización, daño punitivo, trato indigno— y de no apartarse del valor periciado sin justificación. Una condena por debajo del monto acreditado en la causa, sin explicación, es en sí misma un indicio de arbitrariedad.

Fuente: Diario Judicial. Esta nota es un resumen informativo elaborado por Nino Legal; no constituye asesoramiento legal. Cómo elaboramos las novedades.